Guatemala según el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado

Los principales abusos de derechos humanos en Guatemala incluyen la corrupción generalizada institucional, en particular de los sectores policial y judicial, la participación militar y policial en delitos graves como: secuestros, tráfico de drogas y extorsiones; y la violencia social, incluida la violencia letal contra las mujeres.

Otros problemas de derechos humanos también incluyen los abusos y malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), las duras condiciones de reclusión, los arrestos y detenciones arbitrarias, la detención preventiva prolongada, el fracaso del sistema judicial para asegurar investigaciones completas y oportunas, y juicios justos, y la falta de protección a los funcionarios judiciales, testigos y representantes de la sociedad civil frente a la intimidación y las amenazas.

También existen asesinatos de periodistas y sindicalistas, acoso sexual y la discriminación contra las mujeres, el abuso infantil, incluida la explotación sexual comercial de los niños, la discriminación y el abuso de las personas con discapacidad y la trata de personas.

Otros problemas incluyen la marginación de las comunidades indígenas, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la aplicación efectiva de la legislación laboral de mano de obra. A continuación, se traducen los párrafos más importantes del informe:

1. Corrupción policial e impunidad

El 8 de agosto, una corte condenó al exdirector de investigaciones criminales de la PNC, Víctor Hugo Soto Diéguez y lo sentenció a 33 años de prisión por las muertes extrajudiciales de tres internos que escaparon de El Infiernito en 2005 y siete internos que escaparon de Pavón en septiembre de 2006. También condenó y sentenció a 25 años de prisión a los agentes de la PNC Axel Arnoldo Martínez y Víctor Manuel Ramos Molina, por los mismos crímenes.

El informe de EE. UU. detalla que la Policía Nacional Civil y el Ejército están involucrados en crímenes de alto impacto como secuestros y asesinatos.

El 10 de mayo, un tribunal de tres jueces encontró culpable al exdictador Efraín Ríos Montt de genocidio y crímenes contra la humanidad y lo sentenció a 80 años en prisión. El 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad anuló la condena por el procedimiento y regresó el caso a otro tribunal, para hacer otra audiencia.

De acuerdo a estadísticas del Gobierno, en los primeros nueve meses del año 2013, hubo 4 mil 661 muertes violentas reportadas en el país, comparadas con 4 mil 412 en el mismo periodo de 2012, un incremento del 5.6 por ciento.

El 20 de septiembre, una corte condenó a Héctor Bol de la Cruz y Jorge Humberto Gómez López y los sentenció a 40 años de prisión por la desaparición forzada en 1984 del líder estudiantil y activista sindical, Edgar Fernando García. En agosto de 2012, jueces condenaron al excomandante de la PNC, Pedro García Arredondo, por la desaparición forzada en 1981 del estudiante Edgar Sáenz Calito, y lo sentenció a 70 años en prisión. Una corte de apelación confirmó la condena el 20 de mayo.

Aunque la Constitución y las leyes prohíben la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, hubo reportes creíbles de abuso y otros maltratos realizados por miembros de la PNC. El 5 de abril, una corte condenó al agente Marvis Florián Lemus y lo sentenció a 61 años de prisión por violación de una niña de 12 años, a quien detuvo ilegalmente por 11 meses.

Las condiciones en la prisión son duras y amenazantes a la vida, con múltiples instancias de asesinatos de internos por otros internos. Ningún caso se ha investigado ni se han realizado juicios por estos incidentes. Abusos sexuales, situación sanitaria y cuidado médico inadecuado, y gran hacinamiento continúan situando a los prisioneros en riesgo.

El hacinamiento sigue siendo un problema. De acuerdo al registro del Sistema Penitenciario, hasta el 2 de agosto, había 16 mil 244 internos, incluyendo 1,412 mujeres, en instalaciones designadas para mantener a 6 mil 742 personas. Además, había 876 jóvenes bajo custodia de la Secretaría de Bienestar Social.

Las condiciones físicas incluyen inadecuadas instalaciones sanitarias y de duchas, ventilación, control de temperatura e iluminación. Los prisioneros tienen dificultad para acceder al agua potable, se quejan de comida inadecuada, y a menudo tienen que pagar por sustento adicional. La venta y el uso ilegal de droga continúan siendo muy difundidos. Los funcionarios encargados de las prisiones siguen reportando pérdida de seguridad y control, incluyendo intentos de escapes, peleas de pandillas, incapacidad de controlar el flujo de bienes en las prisiones, y la fabricación de armas. Los privados de libertad continúan dirigiendo actividades criminales desde adentro o fuera de las prisiones. Los guardias de las prisiones no controlan efectivamente a los prisioneros.

El 15 de febrero de 2013, el recluso Byron Lima Oliva, quien guarda una condena de 20 años de prisión por complicidad en el asesinato del arzobispo Gerardi, fue arrestado mientras estaba fuera de la prisión. El director del Sistema Penitenciario, Luis González Pérez, había autorizado a Lima, sin el mandato de una corte, visitar al dentista esa mañana. Un retén de rutina en las calles interceptó a Lima después de las 18:00 horas. González fue despedido por el incidente, y Lima se mantiene en custodia en la prisión Pavoncito.

De enero a octubre, de acuerdo al Sistema Penitenciario, 38 prisioneros murieron mientras estaban en la cárcel, 34 de ellos por causas naturales. No hubo más información disponible sobre las causas de las otras cuatro muertes.

La Constitución y la ley proveen de un juicio independiente. El sistema judicial falló en el establecimiento de juicios justos y en tiempo por su ineficiencia, corrupción, personal insuficiente, y la intimidación de jueces, fiscales y testigos, quienes continúan reportando amenazas, intimidación y vigilancia, a menudo por organizaciones vinculadas al narcotráfico. A finales de septiembre, el fiscal especial para crímenes contra trabajadores judiciales había recibido 213 quejas de amenazas o agresiones contra trabajadores en el gremio judicial, comparadas con 145 en 2012.

2. Libertad de expresión debilitada

La ley provee de libertad de expresión y prensa. El Gobierno generalmente respeta estos derechos, sin embargo, intimidaciones criminales a periodistas dan como resultado la autocensura.

A pesar de que las leyes apoyan la libertad de prensa, muchos periodistas fueron víctimas de amenazas, acosos y violencia. Reporteros que cubren el crimen organizado, incluyendo sus vínculos con funcionarios públicos corruptos, reconocieron practicar la autocensura por el peligro que el periodismo investigativo representa para ellos y sus familias. Los medios independientes están activos y expresan una vasta variedad de puntos de vista, pero es muy difícil obtener licencias para operar estaciones de radio comunitarias y acceder a la información, lo cual limita la libertad de prensa.

El periodista Carlos Orellana fue asesinado el 19 de agosto de 2013 en Mazatenango, su muerte no ha sido esclarecida.

Miembros de la prensa continúan reportando que la violencia y la impunidad impera en la práctica del libre y abierto periodismo. La prensa reportó que numerosas amenazas de funcionarios públicos y organizaciones criminales incrementaron la sensación de vulnerabilidad de los periodistas.

Durante el año, asesinos sin identificar dieron muerte a cuatro periodistas en diferentes ataques. El Gobierno estableció una fuerza de tarea para investigar estos asesinatos, pero no se estableció si los crímenes tuvieron relación potencial con la profesión de los periodistas.

El Ministerio Público (MP) reportó que recibió 113 denuncias de ataques y otros actos de intimidación contra periodistas a finales de septiembre. Miembros de la prensa indicaron que recibieron presión, amenazas y ofrecimientos de retribución por varios funcionarios públicos, al respecto de la selección del contenido de sus reportajes. Algunos dueños y miembros de los medios también acusaron al Gobierno de seguir una discriminación en la política de publicidad, penalizando o premiando medios impresos y audiovisuales basado en si las noticias o comentarios son percibidos como apoyo o como crítica de la administración de Gobierno.

En agosto, Jose Rubén Zamora, director del diario elPeriódico, reclamó que el Gobierno atentó para forzar el cierre del diario por medio de la denegación de publicidad oficial y forzando un boicot no declarado, para que la publicidad del sector privado tampoco se brinde porque el medio es crítico de su administración.

3. Gobierno sin representatividad indígena

La Constitución otorga a los ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente, y los guatemaltecos ejercieron este derecho a través de elecciones periódicas, libres y justas, celebradas sobre la base del sufragio casi universal para los mayores de 18 años de edad. A los miembros de las fuerzas armadas y la Policía no se les permite votar.

Elecciones recientes. En noviembre de 2011, Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, ganó un mandato de cuatro años como presidente. La misión internacional de observación de la OEA calificó las elecciones como libres y justas.

La vicepresidencia fue obtenida por Roxana Baldetti, la primera mujer en ocupar ese puesto. Hubo 21 mujeres en el Congreso de 158 curules. Un total de 339 mujeres se desempeñaron como juezas o magistradas de 918 en todo el país, incluyendo uno en la Corte Suprema y una en el Tribunal Constitucional. Además de la Vicepresidenta, hay dos mujeres en el Gabinete de 14 miembros. Cinco de 333 alcaldes del país son mujeres.

Mientras que los indígenas compone el 44 por ciento de la población, su representación en el Gobierno nacional es mínima. Al finalizar el año no habían miembros indígenas en el Gabinete, en la Corte Suprema, y en la Corte de Constitucionalidad. Hay 20 miembros indígenas en el Congreso. Las personas indígenas componen una mayor parte de los gobiernos locales. Hay 113 alcaldes indígenas.

Más de 4 mil muertes violentas se registraron durante los primeros nueve meses del año pasado, según el reporte estadounidense.

4. Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno

La ley provee penas criminales por corrupción de funcionarios, pero estos frecuentemente realizan prácticas corruptas con impunidad. Como en años anteriores, una política inadecuada, extiende la impunidad, facilitando la corrupción desde el Gobierno.

Corrupción: En septiembre de 2012, el alcalde de La Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, fue arrestado con otras diez personas, y acusado de malversar Q20 millones (US$2.5 millones) de los fondos municipales. Su juicio quedó pendiente.

El tres de junio, el exalcalde de San Miguel Petapa, Rafael Eduardo González Rosales, y otras cinco personas fueron arrestadas por fraude y lavado de dinero de aproximadamente Q34 millones (US$4.3 millones) de fondos municipales.

El alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, también fue investigado por corrupción pública. A Medrano se le otorgó la inmunidad por su calidad de alcalde, pero un tribunal especial decidió retirársela. El hijo de Medrano, Edgar Alfredo Medrano Osorio, fue uno de los acusados individuales en el caso de corrupción de San Miguel Petapa.

Existieron numerosas instancias de corrupción dentro de la Policía y el sistema de justicia. El 17 de enero, en un caso que comenzó en 2012, una corte sentenció a nueve agentes de la PNC a 18 años de cárcel por asociación ilícita y contrabando de gasolina hacia el país. Otros 12 sospechosos relacionados al caso esperan su juicio.

La Contraloría General de Cuentas y el MP son los responsables de combatir la corrupción. La labor de la Contralora es la de monitorear el gasto público y la labor del Fiscal General es el de perseguir crímenes. Ambas agencias colaboran activamente con la sociedad civil y son relativamente independientes. Sin embargo, carecen de recursos, lo que afecta a sus capacidades. Bajo el liderazgo de la fiscal general Claudia Paz y Paz, el MP trabaja junto con la CICIG para mejorar su efectividad y para reportar una significante caída en las tasa de impunidad por homicidio en la ciudad de Guatemala, desde más de un 95 por ciento en 2010 a 70 por ciento en 2012. No hubo una mejora similar en la persecución de casos de corrupción dentro del Estado.

5. Gobierno represivo de los derechos humanos

El 2 de mayo, el Gobierno declaró estado de sitio durante 30 días, que restringió ciertos derechos municipales, en San Rafael Las Flores, Casillas, la cabecera de Jalapa y Mataquescuintla, seguido de semanas de protestas y varios días de violencia, rodeando la aprobación de la licencia minera para el proyecto de San Rafael Las Flores. La Policía arrestó al menos 14 personas bajo el estado de sitio, sin orden de una corte, por asociación ilícita, asesinato y robo, entre otros cargos.

El 30 de septiembre, funcionarios acusaron a extranjeros de participar en protestas sociales y se anunció que serían expulsados del país por atizar las manifestaciones en Santa Cruz Barillas, en contra de un proyecto hidroeléctrico. El documento asegura que ningún extranjero fue captado en alguna protesta.

Un número de ONG, defensores de derechos humanos, y sindicalistas reportaron amenazas, violencia e intimidación por personas no identificadas. Las ONG expresaron que el Gobierno hizo poco en la investigación de estos reportes o previno otros incidentes. También reportaron un incremento en el uso de amenazas de acciones legales como forma de intimidación.

La ONG guatemalteca Unidad de protección de defensores de Derechos Humanos (Udefegua), reportó 18 muertes de defensores de derechos humanos hasta noviembre, comparadas con 13 en 2012. Udefegua también señaló 622 ataques contra defensores de derechos humanos, comparados con 326 en 2012. De acuerdo a varias ONG de derechos humanos, muchos de los ataques estaban relacionados con conflictos de tierra, la explotación de recursos naturales, y el proceso legal contra Ríos Montt.

6. Falta de inversión en comunidades indígenas

Registro de nacimiento: La ciudadanía se obtiene por nacimiento en el territorio del país. El Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef ) describió el bajo registro al nacer como un “problema grave”, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados informó que los problemas en el registro de los nacimientos eran especialmente agudos en las comunidades indígenas, debido a un inadecuado registro del Gobierno y sistemas de documentación.

Factores tales como la necesidad de viajar a zonas urbanas desconocidas, interactuar con funcionarios del Gobierno que no son indígenas y que solo hablan español impiden a algunas mujeres indígenas registrarse ellas y a sus hijos. A los ciudadanos extranjeros que residen en el país sin la documentación apropiada se les impide inscribir a sus hijos, nacidos en el país, antes de la regularización de su situación migratoria. La falta de registro restringe el acceso de los niños a algunos servicios públicos.

Educación: Mientras que la educación es obligatoria hasta los 12 años, la enseñanza secundaria no es obligatoria. El acceso a la educación obligatoria en la escuela primaria está limitada en muchas zonas rurales y las instituciones religiosas a menudo asisten en la prestación de la educación.

Grupos indígenas mayas siguen reportando la falta de inversión en infraestructura pública en sus comunidades, lo que lleva a malas carreteras y al acceso limitado a agua potable y electricidad. Los indígenas mayas y garífunas informaron la necesidad de tener escuelas con educación bilingüe y estudios culturales, becas educativas, capacitación en liderazgo para aumentar la participación de las personas indígenas en la política, construcción de universidades, hospitales y clínicas de salud en su comunidades.

7. Explotación laboral infantil

Un estimado de 39 mil niños, principalmente niñas indígenas, trabajaban como empleados domésticos y son a menudo vulnerables a abusos físicos y sexuales. En el área de la frontera mexicana hubo reportes de trabajo forzado en basureros municipales y niños que piden en las calles.

“No hubo una mejora en la persecución de casos de corrupción dentro del Estado”.

5.6 Por ciento incrementaron las muertes violentas en un año de Gobierno.

20 Por ciento de impunidad se redujo durante  el mandato de la fiscal general Claudia Paz y Paz.

 “Los principales abusos de derechos humanos en Guatemala incluyen la corrupción generalizada institucional, en particular de los sectores policial y judicial”.

 “Participación militar y policial en delitos graves como  secuestros, tráfico de drogas y extorsiónes; y la violencia social, incluida la violencia letal contra las mujeres”.