El autobombo de funcionarios

Uno de esos casos es el de las ambulancias entregadas en Huehuetenango con partes pintadas con el color anaranjado de los patriotas, y con una foto de la vicepresidenta Roxana Baldetti en el vidrio trasero de los vehículos. Como siempre, son baladíes y sin ningún fundamento los pretextos con los que se intenta justificar tal acción. La funcionaria, al ser cuestionada, afirmó que no estaba enterada de semejante decisión y le echó toda la culpa a una diputada de las filas de su propio grupo.

Ya en otras dos ocasiones, la vicepresidenta recibió críticas por haber repartido “casas tipo Baldetti” a los damnificados del terremoto de San Marcos, y pasteles con su imagen, acción similar a la que realizó el alcalde de Mixco, quien es a la vez hijo del presidente de la República. Esta vez las fotos publicadas no dejan duda. Lo ocurrido parece comprobar que las acciones y comentarios de la alta funcionaria constituyen una de las fuentes más amplias de críticas para el Gobierno, que luego se ve obligado a intentar justificarlas, en una tarea que no le corresponde.

El caso del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es muy parecido. Toda la publicidad de esa cartera, por cierto colocada mayoritariamente en medios informativos afines, se centra alrededor de la figura del funcionario. Esto es debido a que ya es un hecho que es el candidato oficial para las próximas elecciones. Su caso tiene el agregado de haber recibido hace poco una condecoración militar entregada por el presidente de la República, lo cual es difícil de justificar porque no ha pertenecido a las filas castrenses.

De esa forma, el Gobierno participa abiertamente en la campaña electoral en la que se encuentran inmersos varios aspirantes presidenciales, en especial Manuel Baldizón, quien no es el único, pero sí ha gastado más en vallas y pintarrajeo de piedras y árboles en las carreteras. También utilizó la promoción de un libro y una tesis de doctorado, ambos con denuncias de plagio, en un caso que ha tenido extraño silencio de las máximas autoridades de la Universidad de San Carlos, donde ocurrió el bochornoso delito cometido contra los derechos de autor.

No es aceptable y provoca rechazo e indignación que las figuras políticas realicen acciones como las hoy comentadas. Las justificaciones, tanto de la vicepresidenta Baldetti como de Manuel Baldizón, no resisten ningún análisis lógico. El autobombo, tanto como el plagio, si no llegan a delitos, sí constituyen una prueba de abuso, pero al mismo tiempo de poca capacidad de reflexión, al no entender que en los tiempos actuales es imposible dejar tras bambalinas acciones que aunque parezcan comunes no dejan de ser vengonzosas.