Exfiscal contra fiscal

ALFRED KALTSCHMITT

Hago eco junto con el Dr. Armando de la Torre en su leída columna publicada el día de ayer, sobre una acción valiente que fue obnubilada por las primeras planas del juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora y el atentado contra la señora vicepresidenta. En medio de esas densas cortinas de cobertura mediática coincide la acción de antejuicio que la exfiscal Gilda Aguilar Rodríguez interpone, el pasado miércoles 8 de enero, contra la fiscal general, por los delitos de denegación de justicia e incumplimiento de deberes. La exfiscal Gilda Aguilar fue crucificada por haberse atrevido a interponer órdenes de captura ordenada por juez competente contra los sospechosos de los disturbios en los que perdió la vida una persona, por el secuestro de trabajadores de la Hidroeléctrica Santa Cruz; el ataque al destacamento militar en donde agredieron al mayor del Ejercito, robándole un fusil AK47 y el saqueo e incendio del hotel en donde solían alojarse los trabajadores de la hidroeléctrica.

Todas estas acciones fueron investigadas por la exfiscal Aguilar, quien determinó que había suficientes evidencias para girar órdenes de captura contra los sospechosos, que resultaron ser miembros militantes del CUC.

La reacción de la fiscal general fue inmediata. Se apersonó en el lugar. Le reprochó a la entonces fiscal Gilda Aguilar por haberse, según ella, propasado en sus funciones. “No debía haber llevado a cabo tal acción sin su autorización”. Desvirtuando de esa manera la libertad y la obligación que todo fiscal debe cumplir por mandato legal.

Estos son extractos de la versión de la exfiscal Gilda Aguilar de lo que aconteció 24 horas después:

“Al día siguiente de la visita de la fiscal general, 3 de agosto, en una conferencia de prensa convocada por dirigentes del CUC, me acusaron de “corrupta”, “nefasta” y “represiva”. Terminaron con una denuncia en mi contra y una exigencia a la fiscal general de destituirme, y que recordara que “ella, la fiscal general, había salido de entre las filas de los grupos de derechos humanos”.

“Un día después, el 22 de agosto, en la sierra de los Cuchumatanes, fui víctima de una emboscada con armas de fuego. De milagro no acertaron a nuestras cabezas, sin embargo mi escolta quedó gravemente herido después que valientemente disparó su arma hasta agotar sus municiones. Yo me pude esconder en unos matorrales y esperé varias horas hasta que llegó la Policía Nacional Civil, el Ejército y una ambulancia. Sin embargo, para mi sorpresa no llegó nadie del Ministerio Público.

Llegaron al día siguiente, pero ya la escena del crimen había sido contaminada y solo encontraron una bala calibre 45. En forma precipitada descartaron que hubiese sido un atentado sino un caso de delincuencia común. ¿Asaltantes que disparan y no se llevan nada? Me sentí profundamente defraudada de la falta de solidaridad del Ministerio Público cuando una de las suyas había sido atacada. Desde esa fecha hace 14 meses nunca fui escuchada como víctima, ni se me ha comunicado nada ni se me ha informado de acusación alguna contra nadie. Ni se me ha dado participación en las audiencias judiciales que se llevaron a cabo. En vez de ello la fiscal general me inició un proceso disciplinario.

En virtud de todo lo anterior y mi experiencia profesional en el Ministerio Público, me he visto forzada llegar a la conclusión de que la fiscal general, Claudia Paz y Paz, favorece ilegalmente a ciertos grupos de delincuentes subversivos”.