Decepción generalizada

A ello se agrega que el binomio presidencial parece haber perdido la credibilidad entre el pueblo, al grado que muchas personas no creen las versiones oficiales de una supuesta agresión contra la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando ayer salía del Teatro Nacional. .
Según estas versiones, una supuesta estudiante habría lanzado harina al rostro de la Vicepresidenta, lo que motivó que la llevaran a un hospital por presentar un problema respiratorio y algunos síntomas de conjuntivitis.  El Presidente acusó del hecho al principal partido de oposición.

Como resultado de la crisis de credibilidad, algunas personas consideran que todo podría ser un montaje propagandístico para victimizar a la Vicepresidenta, a efecto de distraer la atención de la opinión pública, con el objetivo de hacer caer en el olvido algunos de los recientes escándalos, entre ellos la intención de coartar la libertad de expresión del pensamiento.
En efecto, las dos querellas penales que el Presidente y la vicegobernante promovieron en contra del ingeniero José Rubén Zamora Marroquín, Presidente del diario “El Periódico”, levantaron una ola de críticas no solo a nivel interno sino fuera del país, al grado que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, decidió enviar una misión especial para examinar la situación. Zamora se ha destacado como un agudo crítico de  algunos de los actos del gobierno.

El Relator de las Naciones Unidas para la libertad de emisión del pensamiento, el guatemalteco Frank La Rué, no solo repudió las querellas, sino que las calificó como una intimidación y provocación a la prensa.
El influyente diario Prensa Libre, puntualizó en su editorial del pasado 9 de enero “que silenciar a los críticos, es el primer paso de toda dictadura”.

Y aunque el Presidente y la Vicepresidenta, se vieron obligados por la presión pública  a retirar las dos querellas, en el ambiente quedó en entredicho la cacareada independencia del Organismo Judicial.  En ese contexto, es preocupante  que dos jueces hayan admitido las querellas, a pesar de carecer de competencia para ello, pues cuando se trata de aparentes delitos mediante publicaciones en los medios de comunicación, los casos deben ventilarse en los llamados tribunales o jurados de imprenta contemplados en el artículo 35 de la Constitución Política de nuestro país.  Estos tribunales son los únicos que pueden declarar si los hechos son constitutivos de delitos o faltas, o si no lo son.