A mitad del camino

El día de mañana termina la primera mitad de este Gobierno. La agenda, sin embargo, está más orientada hacia la preparación de la nueva contienda electoral que enfocada en los planes de gestión de la actual administración. Estamos a dos años de terminar el Gobierno, la mitad de su gestión, y ya no se esperan grandes cambios en las políticas públicas. No es la primera vez que sucede, en la administración anterior sucedió desde el caso Rosenberg. La atención empieza a trasladarse hacia los actores del período 2016-2020.

 Es el período de los informes de Gobierno, de las evaluaciones de analistas, de las críticas de la oposición política y de las justificaciones de los partidarios de la administración. Es el momento en que el calendario torna la hoja, pasando a la parte final del mandato. Los Gobiernos empiezan paulatinamente a perder poder, capacidad de convocatoria para decisiones importantes, se empiezan a alejar algunos partidarios y otros buscan confirmar sus posiciones en los nuevos listados de elección.

 No es momento de hacer la evaluación final de esta administración pero sí es tiempo de definir cuáles han sido y pueden ser las grandes líneas que marquen al Gobierno Patriota. Con relación a los cambios de carácter estructural pueden señalarse un acierto y un fracaso. El acierto ha sido la prioridad manifiesta en el Programa Hambre Cero que pretende erradicar la desnutrición infantil en Guatemala, atacando un problema estructural muy relevante e inaceptable dado el nivel de desarrollo relativo del país. En el lado negativo debe señalarse el fracaso en la propuesta de reformas constitucionales presentadas por el Presidente que no logró ni siquiera arrancar, ser discutida con seriedad a nivel nacional o debatido políticamente.

 Con relación a la gestión política lo más relevante ha sido la poca operatividad del Congreso, su excesiva politización y lo escaso del debate parlamentario. Hacia el futuro lo más relevante es el proceso de selección de las autoridades electorales, judiciales, y de los órganos de fiscalización y control.

 Entre los temas importantes que presentan desafíos que deben convertirse en prioridad de la administración son: el estado de las finanzas públicas, la renovación de la infraestructura nacional, los avances del gasto social y la agenda de trasparencia en el gasto público. Las finanzas no muestran una mejora importante en la captación de ingresos tributarios a pesar de la reforma, la calidad del gasto es deficiente y siguen aumentando las presiones por una participación mayor del gasto por parte de las entidades con presupuesto constitucional. La infraestructura sigue deteriorada, con costos de ejecución elevados, baja supervisión y presupuesto limitado. El gasto social crece en términos de valor pero sin estar claro su impacto real. La falta de transparencia y las denuncias de corrupción son una constante en los medios de prensa. Dos años es poco tiempo, se requiere decisiones claras y firmes.