Negocios secretos nublan procesos

Un Organismo Legislativo debilitado y señalado de negociar prebendas definirá el futuro de cuatro de las cinco instancias de fiscalización y justicia del país. Un quinto órgano, el Ministerio Público, queda en manos del presidente de la República.

El proceso de elecciones que comienza hoy está envuelto en pugnas y negociaciones secretas, donde cada sector busca su propia porción de poder.

Hoy, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) elegirá a sus representantes en la comisión que definirá una nómina de 40 candidatos a integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Luego de acordada la lista, con las dos terceras partes de los votos, la selección de cinco magistrados titulares y cinco suplentes la hará el Congreso de la República.

La comisión para elegir magistrados del TSE se integra con el rector y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (Usac), un delegado de los rectores de las universidades privadas y de los decanos de Derecho, y representantes del Cang.

Existen señalamientos de negociaciones para favorecer intereses de diversos grupos.

Luis Reyes, presidente del Colegio de Abogados, advirtió del “papel vertical” que debe representar esa institución frente a los “intereses políticos del rector de la Usac”.

Estuardo Gálvez, rector de la Usac, aceptó haber recibido ofertas políticas, pero negó haberse inclinado por alguna. Afirmó que en la selección de las postuladoras hay tres grupos definidos: “Los que tienen intereses políticos, los de intereses económicos y las mafias del crimen organizado”.

DISPUTA

En el caso del Cang, cuatro planillas se diputan la postuladora del TSE.

De los cuatro candidatos titulares, Jorge Menéndez, es asesor del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), y tendría el respaldo del Cang, mientras que Ovidio Parra Vela —quien fue incluido en la anterior lista para ocupar una magistratura en el TSE— sería la carta de la Usac.

Allan Taylor Santos, de la planilla 2, fue propuesto para integrar la comisión de postulación de magistrados de la Corte de Apelaciones en el 2009, y sería respaldado por un grupo de abogados de Mixco, en tanto que Jorge Armando Carrillo Gudiel, de la planilla 4, es visto como independiente.

POR LA CONTRALORÍA

El contralor general es electo cada cuatro años por el Congreso, de una nómina de seis candidatos, y su período vence el 13 de octubre.

La comisión nominadora se integra con un representante de los rectores de las universidades, los decanos de las facultades de Ciencias Económicas y un número equivalente electo por la Asamblea General del Colegio de Economistas.

Para ese puesto, la pugna comenzó el año anterior, con la salida de Carlos Echeverría de la Decanatura de Economía de la Universidad Rural (UR).

“Por parte de Fidel Reyes sí hubo una invitación al acompañamiento por el que va a tener el apoyo del partido oficial, el subcontralor Sergio Pérez, y yo me opuse”, y eso le costó el puesto, afirma Echeverría.

El rector de la UR y diputado, Fidel Reyes Lee, rechazó ese señalamiento, y afirmó que esa casa de estudios “no nombra decanos en función de las comisiones de postulación, sino por su calidad académica”. Pero también se ve irregular que el nuevo decano sea Élmer Luch, gerente de Recursos Humanos de la Contraloría. “No existe prohibición, porque la universidad es una entidad privada”, responde Reyes.

INTENSO CABILDEO

Diputados afirman que mientras el asesor de la fiscal general Javier Monterroso pedía el año recién pasado a diversas bancadas la integración del Consejo del Ministerio Público (MP), habría sugerido una directiva del Congreso sin el PP, para facilitar las negociaciones y retrasar la convocatoria para integrar la comisión postuladora que entregará a la Presidencia de la República la nómina para que se elija al fiscal general.

Monterroso niega que el objetivo de sus reuniones con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos, Compromiso Renovación y Orden (Creo) y Winaq haya sido distinto al de impulsar la integración del Consejo del MP, aunque aduce que uno de los mayores tropiezos fue la falta de apoyo del Partido Patriota (PP).

Orlando Blanco, de la UNE, afirmó que Monterroso promovió su imagen personal y cabildeó por la integración de una junta directiva sin el PP.

Amílcar Pop, de Winaq, dijo que Monterroso se centró en la formación del Consejo, aunque se refirió someramente a la junta directiva.

José Fernández, subjefe de la bancada del PP, afirmó que Monterroso no se reunió con ellos. Otros miembros de ese bloque dijeron que no apoyarán la integración del Consejo del MP porque diputados distritales están inconformes con la destitución de fiscales de la provincia.

DELEGADOS

Para evitar conflictos y facilitar las negociaciones, el PP habría designado delegados para cada elección. A Valentín Gramajo y Anabella de León se les asignó el TSE, porque ambos fueron fiscales de ese partido en las elecciones del 2011. Rina Sanchinelli y la comisionada por la Transparencia, Verónica Taracena, allegadas a la vicepresidenta Roxana Baldetti, verifican lo del nuevo contralor.

Para el MP se designó a De León y a Blanca Stalling, pese a que se afirma que ambas están interesadas en el cargo.

Para salas de Apelaciones y de la CSJ no se nominó a nadie, debido a intereses particulares de afiliados al PP, en especial de diputados distritales.

Gramajo negó esas designaciones, aunque reconoció que le han hablado representantes de diferentes planillas para conocer la postura del PP. Lo mismo sucedió con Stalling, quien negó cualquier participación en los procesos.

De León, Sanchinelli y Taracena no atendieron las consultas de este diario.

PROCESO DIFÍCIL

Álvaro González, subjefe de Creo, dice que no es el mejor momento para que el Congreso asuma la responsabilidad de esas elecciones, porque en los últimos dos años ha sido señalado de falta de transparencia y poca capacidad de negociación. “Sé que está en ley, pero lamentablemente el Congreso está debilitado”, argumentó.

Nineth Montenegro, jefa de la bancada de Encuentro por Guatemala, coincidió con el diputado de Creo, pero afirmó que será responsabilidad de la sociedad civil verificar que los procesos se realicen con transparencia.

“Sabemos que hay intereses ocultos, pero la Ley de Comisiones de Postulación permite a la sociedad civil participar en todos los procesos. Ello dará un poco de tranquilidad”, comentó.

Carlos López, subjefe de la bancada de Todos y uno de los principales negociadores en el Legislativo, no es tan optimista. Considera que la campaña electoral minará los cabildeos, porque cada partido buscará ganar protagonismo y elegir a personas afines.

HARÁN FISCALIZACIÓN
Roberto Villate, jefe de Libertad Democrática Renovada, dijo que desde el 2013 saben que varios partidos han sostenido acercamientos y cabildeos para las elecciones de este año. “No sé si son oscuras, pero se han llevado a cabo. Por ello, fiscalizaremos los procesos, pues el PP no nos incluirá aunque las negociaciones sean abiertas”, expresó.

“EXISTE TEMOR” 
La experta Carmen Aída Ibarra ve escenarios sombríos. “Lo importante es que saquen a luz la estructura de las mafias y quiénes las respaldan, pues trabajan hace años y tras cada proceso surgen nuevas alianzas. Existe un temor grande de que no se pueda salvar en mínimo porcentaje la integración de las postulaciones”, señaló.

CONTIENDA

Cuatro planillas del Cang se disputarán hoy la representación en comisión de postulación para el TSE.

PLANILLA 1: Jorge Augusto Menéndez Barahona, titular; y Nelson Oswaldo Cámbara Flores, suplente.

PLANILLA 2: Édgar Allan Taylor Santos, titular; y José Luis Guerrero de la Cruz, suplente.

PLANILLA 3: Ovidio Parra Vela, titular; y José Fajardo Delgado, suplente.

PLANILLA 4: Jorge Armando Carrillo Gudiel, titular; y Carlos Humberto Gómez Lanza, suplente.