PEDRO TRUJILLO
Medios escritos recogieron declaraciones presidenciales en torno al presupuesto 2014. Una de ella dice: “Yo les agradecería a ellos -a los diputados- si me pueden decir de dónde deberíamos bajar esos Q4 mil millones, porque salen el Magisterio y el Ministerio de Educación pidiéndonos más presupuesto; salen los trabajadores de Salud pidiendo más presupuesto…”. En vista de la gratitud ofertada propongo que deje de privilegiar a los grupos de presión que señala. Los sindicatos pactan con los políticos el desfalco del presupuesto y permutar prebendas a cambio de tranquilidad social, ausencia de bochinches y manifestaciones. El Estado cooptado se subordina a mafiosos organizados, rentistas y cuentistas, acostumbrados a desvalijar, protegerse con seguridad pública y no dar explicaciones. Lean un par de convenios sindicales y comprobarán a qué me refiero. ¿Quiere Q4 mil millones? Suprima fondos rotativos, subvenciones a buses, anule compra de fertilizantes, adquiera medicina a precios de mercado, derogue las exenciones impositivas, elimine el listado geográfico de obras, anule la publicidad gubernamental, no dé dinero a las ONG, ponga en la cárcel a corruptos —incluidos los de su partido…—, y llegará a más de Q10 mil millones.
El mandatario justificó la adquisición de más deuda puesto que “todos los países adquieren deuda para financiar el presupuesto”. Y añadió: “Todos quisieran que no fuera necesario adquirir deuda, pero esa es la realidad. Comparen con los países de Centroamérica. Todos adquieren deuda, es normal en los presupuestos de cualquier país, incluso en los más grandes y desarrollados”, validando aquello de “mal de muchos, consuelo de bobos”. Ese argumento sostuvieron por tiempo europeos y norteamericanos.
Los primeros están en quiebra técnica, salvo algunos que trabajan más y gastan menos. Respecto de EE. UU. estuvieron a punto de cerrar dependencias federales, algo todavía pendiente al estar en moratoria el incremento de nuevos préstamos. Los países responsables hicieron —aunque tarde— dos cosas que olvida el presidente: una, modificar constituciones y prohibir que se gaste más de lo que ingresa, con lo cual el Gobierno debe centrarse en generar ingresos creando condiciones de seguridad y promoviendo atracción de inversiones, no como ahora: generando inútil gasto; otra, discutir estos temas y asumir que no se puede derrochar indefinidamente porque la capacidad de pago lo impide.
En el caso nacional hay un plus agregado. El déficit a financiar asciende a más del 20% del presupuesto y se disipará en gasto corriente: salarios, pagos a mafias sindicales, grupos de presión o dádivas indirectas para diputados y otros buscadores de rentas que promueven contratos onerosos para recuperar —con creces— “la inversión política”. No se satisface ninguna necesidad poblacional ni mucho menos se “invierte” en algo que genere recursos y haga frente al pago de la obligación en el futuro. Se introduce dinero en un pozo oscuro y sin fondo que satisface intereses particulares y acumula débito que otros abonarán en el futuro. Exactamente la discusión que sostienen en ciertos países sobre ese error cometido en el pasado y que aquí por ignorancia o interés —más por esto último— no promueven.
Estamos mal y sin capacidad real de pago, aunque algunos optimistas desmedidos no lo vean. Siguen entrampándonos y no promueven avances, más bien pagan a bribones. Quien lo tendría que evitar lo justifica, aunque estemos en el teórico año de la trasparencia. Llegará un día en que tengamos que sentarnos —solos— a enfrentar la malversación y el fracaso, pagando con creces la osadía que callada y cobardemente se permite.
Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 19 de noviembre 2013.
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