CUC, en el centro de los conflictos

Comúnmente esta situación divide a comunitarios y empresas, con intereses y objetivos distintos, y deberían tener al Estado como árbitro, pero además aparecen otros actores, como el CUC, que participa en la mayoría de conflictos a favor de los campesinos.

Con más de 30 años, el Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido, según sus dirigentes, el ente por el cual los pueblos indígenas y campesinos se manifiestan en resistencia ante las políticas del Estado que tienen que ver con concesiones a proyectos de minería e hidroeléctricas, y por el poco acceso a la tierra cultivable en el país.

Ese movimiento campesino dice apoyar a todos los sectores comprometidos en la lucha hacia un Estado incluyente, una democracia real, funcional y participativa con justicia social, equidad étnica y de género, y por ello han levantado significativos y fuertes movimientos de protesta en los últimos tiempos, con altos grados de organización, movilización y resistencia especialmente en comunidades del interior de Guatemala.

El coordinador general del CUC, Daniel Pascual, asegura que la organización tiene presencia dirigencial en al menos 80 comunidades donde se registra conflictividad social por oposición de pobladores a las operaciones de hidroeléctricas y mineras, y afirma brindar apoyo en organización, asesoría jurídica, propaganda y logística en cada una de las movilizaciones.

Pascual, aunque no detalla específicamente los puntos exactos donde asegura el CUC tener presencia, sí expone que es en comunidades de Huehuetenango, Quiché, Petén, Alta Verapaz, Totonicapán, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá y la Costa Sur del país. Además, amplía el espectro de acción y menciona los departamentos de Zacapa, Santa Rosa, Izabal y Jalapa como otros en donde acompañan a las comunidades para exigir sus derechos.

¿LLEGAN LOS BENEFICIOS?

Las demandas en muchos de los casos y por lo cual en algunos se generan confrontaciones violentas entre pobladores y fuerzas de seguridad, son la exigencia a un mejor salario en el campo y en la ciudad,  el rechazo a la represión de la militarización generalizada y la oposición a los proyectos que amenazan los recursos naturales de las comunidades, entre otras.

También, debido a la situación que vive el sector campesino del país por la falta de tierra para trabajar, las denuncias de abusos de poder de patronos, los asesinatos, secuestros y persecución de los campesinos que protestan, el alto costo de la vida y los supuestos engaños de los partidos políticos, son otros tópicos en los que el CUC se hace presente mediante la organización y acompañamiento.

¿Y qué pasa después? ¿Cómo el CUC compensa a las comunidades en las que no permiten los proyectos, pero que sí necesitan de empleos? Daniel Pascual dice que la organización no es una empresa privada para dar a las personas todo lo que necesitan, pero si les ayudan y enseñan a exigir sus derechos.

“No somos ninguna empresa ni el Gobierno para tener todo lo que las comunidades necesitan. Lo que hacemos es enseñarle a la gente a exigir sus derechos. El CUC no es que tenga dinero para dar soluciones, sino que le enseña a la gente a exigir sus derechos”, expuso.

Si se habla de tipo de apoyo ajeno al organizacional, el CUC asegura contar con programas de capacitación y formación a través del Consejo Nacional de Mujeres, eje dedicado a apoyar la producción de las comunidades mediante la agroecología. Asimismo, también menciona su dirigente que existen becas para estudio en el extranjero y que éstas son parte de la agenda de trabajo del CUC.

Entonces, cuando se le cuestiona sobre cómo percibir los resultados de este apoyo, Pascual responde: “La única forma es que vaya usted conmigo y hable con la gente. Si es tanta la duda que hay, podríamos hacerlo. La mejor forma de verificar es que vayan. Ojala que vaya a ver qué se está haciendo para producir en las tierras, que la gente tiene sus tinacos, sus semillas, las capacitaciones y todo eso”.

ORGANIZACIÓN Y ATAQUES

En la parte organizativa, a las comunidades que son miembros del CUC se les apoya con su organización comunitaria. Daniel Pascual explica que se brinda asesoría jurídica inicialmente y a partir de ahí es que se da el trabajo organizativo con ellos para una eventual manifestación, es decir, la logística y la propaganda.

“Hay alrededor de cuatro abogados, cientos de colaboradores y gente de tiempo completo. La cantidad varía, eso no es permanente. Hay un promedio de 5 o 6 personas, si son trámites administrativos, jurídicos, inscripciones, asesorías legales, etcétera”, dice Pascual.

Respecto a denuncias y ataques en los últimos años, el jefe del CUC argumenta que existe una fuerte persecución y reporta el asesinato de 41 líderes comunitarios y dirigentes de las bases departamentales, desde el año 2000 a la fecha.

“Hay decenas de detenidos y una serie de amenazas. Muchas amenazas vienen de terratenientes, pero no puedo dar nombres porque también por eso ellos están yendo a los tribunales a denunciarnos por supuesta difamación, calumnia e injuria y acusarlos falsamente”.

VÍNCULOS Y FINANCIAMIENTO

Lo que es un hecho es que la conflictividad social se está dando actualmente entre comunidades y empresas transnacionales, sean mineras, hidroeléctricas o de monocultivos, y el Estado es el tercer actor en el asunto, pues a través de la Policía Nacional Civil y el Ejército ha participado, aunque no siempre de forma pacífica.

Al explicar los vínculos internacionales de CUC con otras organizaciones, Pascual comunica que la entidad es miembro de la Vía Campesina, que es una red mundial de organizaciones campesinas.

Al ser cuestionado sobre el financiamiento del CUC, Pascual afirma que esa organización no gubernamental percibe fondos de la Unión Europea y sostiene que éstos son debidamente auditados por el donante y la Contraloría General de Cuentas de la Nación para la transparencia en el manejo de los recursos.

No obstante, el pasado 16 de octubre, en una publicación de La Hora, se dio a conocer la opinión de Pascual respecto a declaraciones hechas por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien afirmaba que personas extranjeras podrían estar motivando los conflictos y movilizaciones en el país; palabras que emitió  el titular del Interior cuando se registraron disturbios violentos en el noroeste del país por el rechazo a una empresa hidroeléctrica.

En esa ocasión, el dirigente condenó estas declaraciones y calificó como “estúpidos” a los que aseguraban que organizaciones como el CUC reciben financiamiento internacional y es por ello que se podría estar motivando más confrontación.

Daniel Pascual no quiso precisar cuál era el monto que percibe el CUC, pero sí dijo que todo era auditado también a través del sistema financiero del país.

“Todo es público. Aquí no hay juegos bajo la mesa. Los créditos de la Unión Europea son aprobados bajo estándares internacionales donde debe haber un marco general de transparencia, pago de impuestos, declaraciones juradas y todo eso se ha hecho”, aclara.

Según fuentes oficiales de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, esta ONG no es auditada, pues no reciben recursos del Estado de Guatemala ni tienen una asignación en el Presupuesto General de la Nación.

Por su parte, Sergio de León, de la Oficina de Prensa de la Unión Europea, también indicó desconocer el monto de las donaciones en los últimos años, pero extraoficialmente expresó que las asignaciones al CUC aparecen en el listado de proyectos con el nombre de otro ejecutor, aunque el beneficiario sigue siendo el Comité.

CPD: 2 MIL 258 CONFLICTOS; PDH, 154

Hasta el momento la Comisión Presidencial para el Diálogo tiene identificados 2 mil 258 conflictos de varios tipos, de los que, según la Secretaría de Asuntos Agrarios, 258 son agrarios.

Según reportes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el país se han identificado 154 focos de conflictividad.

El comisionado Miguel Ángel Balcárcel indica que los departamentos con mayor conflictividad social son Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché. Otro departamento que presenta conflictividad en un segundo nivel es Petén.

Además, el funcionario asevera que las demandas en esos puntos son diversas, pero siempre prevalece el control de los recursos naturales y todo lo que tiene que ver con minería e hidroeléctricas.

“En varios de esos departamentos también existen problemas con el costo de la energía eléctrica. Tiene que ver con el paso de líneas de transmisión y con el servicio irregular, el robo de energía eléctrica o de conexiones directas”.

Para Balcárcel, muchas personas que se encuentran en medio de los conflictos sociales, actúan carentes de información, es decir, protestan sin tener elementos racionales e información veraz para oponerse con fundamento y se dejan llevar por especulaciones y rumores.

Sobre la cooperación internacional con organizaciones en Guatemala, el comisionado replica que es una realidad que personas extranjeras se inmiscuyen dentro de las movilizaciones e interactúan con los pobladores.

“Por eso es que muchos dirigentes hacen giras a Europa. Si uno se fija, el mayor financiamiento viene de Europa, aunque viene de los Estados Unidos y Canadá también”, señala.

¿MANIPULACIÓN?

Sin duda alguna ha habido un incremento de la resistencia de parte de las comunidades en temas que tienen que ver con la defensa de sus territorios. Sin embargo, para Factor Méndez Doninelli, afirmar que las organizaciones sociales manipulan a las comunidades para su propio beneficio es una acusación muy delicada y sugiere que solo cuando se tienen elementos suficientes se puede sostener ese tipo de criterios.

“En la medida de que el Gobierno dé señales de tener mayor interés por el funcionamiento de las empresas y la defensa del capital transnacional en lugar de poner atención a la demanda de las comunidades, en esa medida el conflicto se va a mantener y se puede ir agudizando”, advierte el experto en temas agrarios.

Sobre el Comité de Unidad Campesina califica como legítimo el ejercicio de esta organización en acompañar a las comunidades que frente a un conflicto en su territorio, demandan cooperación, acompañamiento y solidaridad; a través de las manifestaciones por ser la única manera de poder ser escuchados.

“El Gobierno continúa otorgando licencias pese a que hay resistencia y oposición pacífica por parte de comunidades que se sienten afectadas por la operación de este tipo de empresas; pese a que se ha advertido hasta el cansancio de los efectos negativos para el medio ambiente y la salud humana. Hay razones suficientes para apoyar a las comunidades que se resisten a este tipo de operaciones”.

Por aparte, el alcalde de Nebaj, Quiché, Pedro Raymundo Cobo, anunció que en ese municipio el CUC tiene 10 delegaciones o bases destacadas para el apoyo comunitario, pero enfatizó que la organización no manipula a los pobladores, sino más bien son las empresas transnacionales quienes abusan de ellos, pues el analfabetismo en esa región alcanza al 66% de los mismos.

“Es cierto que la gente ni siquiera sabe leer, pero tienen derechos y dignidad, entonces, lo que tienen que hacer las empresas es cumplir con la ley donde la puerta de entrada es la municipalidad como gobierno local. Pero muchas veces pasan encima. Entonces, sí tienen razón las organizaciones porque si no quien va a defender los recursos del municipio”, destaca el funcionario.

A decir de Cobo, durante su administración desde 2012 no ha autorizado ningún proyecto de extracción o generación de energía, aunque admite que en Nebaj ya se encuentran autorizados cinco proyectos de este tipo avalados por la corporación saliente. Además, notifica que actualmente solo existe un conflicto por la invasión de 300 familias en la finca denominada San Miguelito, al sur del municipio, aún sin resolver.

Santiago Molina, como presidente de la Cámara del Agro, prefirió no opinar sobre la dirigencia del CUC en la conflictividad social que existe por diversos factores.

Sin embargo, el empresario dijo: “Opino que la conflictividad de la tierra en la mayor parte de los casos es generada por agendas personales de algunas personas que obtienen beneficio por fomentar esa conflictividad”.

Hay conflictividad legítima, y para eso están los tribunales y ahí se resuelven”, aclaró.

Molina agregó: “Podría ser una de esas organizaciones (las que motivan manifestaciones), porque las organizaciones que incitan al bloqueo de carreteras y las invasiones, ya están fuera del marco de la ley. El derecho de manifestación está muy bien regulado y tienen derecho a manifestar siempre y cuando respeten la ley”.