No a la pichicatería

de compartir nuestros pensamientos en columnas de opinión, por lo menos hemos coincidido en una cosa: debe existir un Estado fuerte que pueda garantizar la vigencia efectiva de los derechos individuales. Acá no menciono otros derechos, porque allí ya no hay unanimidad, pero a la fecha no conocemos de uno solo que niegue la vigencia efectiva de estos conceptos fundamentales y su necesidad de resguardo por el orden estatal.

El caso de Cristina Siekavizza alegra a muchos, pero también con preocupación vemos que marca un interés de actores sociales bien dispuestos con un solo objetivo: restarle méritos a la institucionalidad, existe una pichicatería decidida para reconocer éxitos, y esto no es lógico. Desde este espacio fuimos críticos en advertir sobre la ineficiente investigación del Ministerio Público a cargo de su fiscal estrella, comentamos con tristeza que el Ministerio de Gobernación lucía no solo precario, sino sobre todo amenazante, cuando señaló su falta de presupuesto para contar con los cincuenta mil quetzales de recompensa para informantes.

Al caso Siekavizza lo concebimos como un crimen de Estado, y ¿por qué? Porque no solo se ciñe a la dinámica de violencia intrafamiliar, sino que por el contrario evidencia la participación de muchas autoridades, en ejercicio de su competencia y poder, al haber gestionado de manera directa acciones u omisiones que se tradujeron en la angustia del caso.

El pasado ya está escrito y estamos seguros de que los dos gobiernos pudieron haber hecho mucho más; sin embargo, esto no significa que a estas alturas dejemos de reseñar el trabajo del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Su coordinación, y sobre todo, sus acciones con las mexicanas generaron acciones que se tradujeron en el regreso de dos criaturas inocentes al seno de su familia y un presunto criminal enfrentará su proceso. No hubo fuga de información, y esto es mucho.

Las autoridades tenían una deuda, pero hoy pueden empezar a redimirse. Para nadie, y esto debe quedar claro, para nadie, es fácil pelear y conquistar un derecho, acudir a la administración de justicia es un martirio de sobresaltos, sorpresas y frustraciones; sin embargo, es el único camino como una sociedad civilizada puede conseguir justicia y hacer efectivo el derecho.

Desde esta esquina reconocemos la labor, que en estos momentos hicieron las autoridades, pero ahora exijamos que no caiga de nuevo la indolencia. Un caso como estos lo que provoca es que muchos otros se abran camino y puedan, como es lo lógico, terminar en sentencia y recordemos una cosa, una sentencia en Guatemala es un lujo que debemos valorar.