Policía Nacional Civil y militares vigilan aduanas

El Ejecutivo buscaba la figura legal de la intervención, como reconoció el presidente Otto Pérez Molina, y desde ayer a las 6 horas las fuerzas armadas incursionaron en las aduanas de Puerto Quetzal, Escuintla; Santo Tomás de Castilla, Izabal; Aduana Central, Guatemala; Pedro de Alvarado, Jutiapa, y Tecún Umán, San Marcos.

“Estamos llegando a cinco, y al aeropuerto vamos a llegar con proceso y adquisición de equipo más que con personal”, dijo.

“Todos los procesos que están viendo serían exactamente los mismos que hubiéramos podido hacer bajo la figura de una intervención. Es más el nombre de haber dicho ‘se va a intervenir la SAT’ que realmente los procesos que estamos haciendo”, refirió el mandatario, después de su visita a puerto Quetzal y Tecún Umán.

Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia, explicó que cuando iban a enviar la consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la legalidad de intervenir la SAT, el Directorio envió una nota al presidente para solicitar apoyo del Ejecutivo para mejorar la seguridad en las aduanas, por lo que decidieron dar ese respaldo.

Según Pérez Molina, la opción que comenzó ayer resultó más rápida que esperar una respuesta de la CC. El despliegue de las fuerzas combinadas había sido mencionado como plan B si la intervención formal no procedía.

El acuerdo gubernativo 427-2013, publicado ayer en el Diario de Centro América, establece que los ministerios de Gobernación y de la Defensa apoyarán durante tres meses, pero el gobernante enfatizó en que de ser necesario se hará una prórroga.

Toda la coordinación recae en la SAT, en particular en la intendente de Aduanas, Claudia Méndez.

“Quien estará dirigiendo esta intervención operativa será el superintendente de Administración Tributaria y la intendente de Aduanas, no es el ministro de la Defensa ni el de Gobernación, sino la SAT coordinará el apoyo de esas instituciones”, indicó Pérez Molina.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, expuso que una delegación de Guatemala y Escuintla de esa institución acompañará el proceso.

Tecnología

Méndez explicó que la dependencia a su cargo analiza las necesidades de tecnología, procedimientos y sistematización de la información, las cuales se presentarán en un informe al Directorio de la SAT.

“En un mes le llevamos al Directorio estos estudios, que los entren a analizar, —para— contratar a un experto o empresa que nos pueda decir las necesidades científicas que tengamos y el costo”, afirmó.

Se estudia la implementación del marchamo electrónico con tecnología GPS o radiofrecuencia, rayos X, equipos de revisión no intrusiva, entre otra tecnología, y acelerar la adquisición de mejores equipos para la aduana del aeropuerto La Aurora

Omar Franco, intendente de Recaudación de la SAT, aseguró que se prevé hacer un inventario de contenedores y proceder con la contratación de nuevos servicios tecnológicos.

Reacciones

Según Rolando Coronado, presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala, esperan que las acciones de la Policía y el Ejército no causen retrasos en las operaciones de las terminales de los puertos y no afecten el comercio internacional.

Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional de Transporte de Carga y de la Federación Centroamericana de Transportistas, señaló que no hay claridad sobre cómo van a funcionar los operativos conjuntos entre el Ejército, la Policía y la SAT.

Fanny D. Estrada, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, expresó que no solo se deben llevar elementos de seguridad, sino analizar la situación de las aduanas, y que el decreto gubernamental se enfoca en la parte operativa, por lo que en tres meses se deben analizar resultados.

Jean Paul Brichaux, director ejecutivo del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, indicó que mantienen la postura anunciada de que las medidas se ejecuten con objetivos claros, específicos y con resultados medibles en el tiempo.

Édgar Pape Yalibat, jefe suplente del Directorio de la SAT, manifestó que con la decisión del Gobierno “se salvaguardó la legitimidad de la autoridad tributaria y aduanera”. “La idea es avanzar en tres meses y que sirva como puente para que en el futuro aduana o SAT, aún no sabemos qué figura puede ser, tengan protección aduanera”, expuso.

Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, expresó que la intención es “liberar las aduanas y tener el control absoluto para hacer lo que se les da la gana, con el fin de ver qué furgones o mercadería pasa y cual otra no. Es decir, atacar a las bandas de contrabandistas que no trabajan en conjunto con el Gobierno y dejarles la puerta libre a los que sí”.

Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, afirmó que presentarán una acción por la “intervención solapada” que se está haciendo en las aduanas.

El legislador Jaime Martínez, jefe de la Gran Alianza Nacional, indicó no es la mejor medida porque se pierden varias décadas de adelanto, pero explicó que el Ejecutivo se vio obligado a hacerlo, debido a la caída en la recaudación.

El abogado constitucionalista Hugo Maúl Figueroa afirmó que el presidente, como comandante general del Ejército, tiene la facultad de pedir a las fuerzas armadas que intervengan donde considere necesario, pero indicó que para mejorar la recaudación y eliminar la corrupción se necesita mejorar procesos.

Recomendó imponer normas claras, disminuir el papeleo y establecer controles internos. “Eso daría mejores resultados que la simple presencia de fuerzas de seguridad”, indicó.

Sindicatos se oponen a proceso

Sindicalistas de puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla temen una militarización, por la presencia del Ejército en sus áreas de trabajo.

Javier Reyes, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados de  Puerto Quetzal, mostró desacuerdo con una “militarización” y dijo que se debe priorizar una “revisión profunda” de las estructuras organizacionales y administrativas de la SAT, además de trabajar para acelerar otros procedimientos en esa portuaria.

Hugo Gamero, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, considera que la intervención significa un retroceso a la época militar y que la presencia de los efectivos en el puerto provoca  “terrorismo psicológico” para todos los trabajadores  que se ven intimidados.

Indicó que si de combatir  la corrupción se trata, el presidente Otto Pérez Molina se debió acercar a los trabajadores, pues ellos saben dónde están los focos de este problema.

EN LA MIRA

Los accesos de mercadería al país  han sido foco de corrupción y de atención.

La última vez que se intervinieron aduanas  fue en septiembre de 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú.

El 15 de octubre último, Pérez Molina anunció que intervendría cinco aduanas por medio de la SAT.

Un día después, el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, renunció al cargo.

El Ejecutivo anunció que haría una consulta a la CC, pero ya no la envió, ya que recibió una carta del Directorio de la SAT en la que  solicita apoyo de las fuerzas combinadas.

Ayer, Ejército y Gobernación incursionaron en cinco aduanas.

Q3,833 millones fue la recaudación tributaria del año último en la aduana de la Empresa Portuaria Quetzal.

Q1,880 millones recaudó en tributos la aduana de la Empresa Portuaria Santo Tomás, en el 2012.

10,609 millones de quetzales fue la recaudación total de las aduanas el año pasado.

OPINIONES

Son tres objetivos

Carlos Muñoz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), explicó que el Directorio le solicitó al Ejecutivo tres medidas  como apoyo: sistematizar las aduanas más importantes del país, conseguir equipo y tecnificación operativa, y hacer análisis y estudios sobre organización de personal.

“En el campo la SAT ya tiene a su gente trabajando. La SAT necesita seguridad, la seguridad que le pedimos nosotros como despacho superior darles a los empleados que están en las aduanas, para que el trabajo sea firme y exitoso”, indicó.

Acciones integrales

Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana,    afirmó  que la medida puede ofrecer  un efecto positivo y detener el contrabando.

Refirió que al retirar al Ejército se podría volver a  las mismas circunstancias, por lo que dijo que  son necesarias reformas integrales, institucionalizar controles y que sean permanentes, además de usar más  tecnología.

Mientras menos contacto tenga el personal con la carga, se bajará la discrecionalidad y la corrupción, y se debe capacitar  a los  soldados, para no perjudicar el comercio.

Oposición ve dudas

Roberto Villate, jefe de Libertad Democrática Renovada, dijo que el régimen está desorientado, demuestra falta de  planificación para gobernar y “pareciera que actúan de improvisto; solo reaccionan a supuestas emergencias. Han hecho del país un laboratorio de experimentos, trabajan a prueba y error”.

Refirió que la “intervención de facto genera varias dudas, como  ¿qué se gana con poner policías y soldados en las aduanas, cuando solo saben manejar sus armas y comer perros? ¿No entiendo qué beneficio traerá su presencia? Ha de ser un nuevo experimento más”.

Deben procesarlos

El abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos opina que la intervención de las aduanas no es función del Ejército y que es “absurdo intervenirse a sí mismo”, porque la aduana no es un servicio privado, por lo que no cabe esta figura.

“Lo que cabe es llegar, remover a las autoridades y procesarlos por corrupción, porque están dando como causa de intervención la corrupción”, afirmó.

Molina Mencos dijo que ninguna de las intervenciones ordenadas ha tenido éxito, y recordó que en el caso de Fonapaz no ha habido capturas ni procesos.

Procurar agilidad

Rolando Coronado, presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala, opinó: “Las medidas que se ejecuten no deben afectar la estadía de los buques. Esperamos que el despacho y recepción de contenedores se haga en forma normal. Los barcos de contenedores están un promedio de ocho horas, o máximo diez horas en los puertos guatemaltecos en las operaciones de carga y descarga”, agregó Coronado.

De verse afectados, agregó,  pedirían una reunión urgente con la SAT y con las autoridades de seguridad para solucionar problemas que se puedan presentar en las operaciones.

No saben qué harán

Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional del Transporte de Carga y de la Federación Centroamericana de Transportistas (Fecatrans), manifestó: “No sabemos si solo se dedicarán a resguardar las instalaciones (aduaneras y portuarias)  porque si no esas medidas no tienen un peso en lo que se persigue de reducir actos de contrabando y defraudación aduanera, habrá que evaluarlo para ver como funciona para establecer su alcance”, dijo Fajardo.

Cosas por mejorar

Asimismo, Fanny de Estrada, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), opinó que se deben hacer tres cosas para mejorar las aduanas, como impulsar acciones en materia tecnológica para continuar modernizando las aduanas con sistemas informáticos, además trabajar en la capacitación del recurso humano y además facilitar y agilizar la parte operativa.

“Las aduanas son vitales tanto gobierno como para los empresarios que operan en el comercio internacional. Para el Gobierno por la captura los ingresos, pero también aplica los  compromisos internacionales en materia aduanera, los tratados de libre comercio, y salida y entrada de los productos mientras que para el empresario  la aduana es el punto en el cual reciben materias e insumos para producir, y luego exportan sus productos los cuales tienen que llegar a los clientes en los tiempos pactados con una logística competitiva y eficiente pero ahí hay problemas con la organización interna porque hay diferencia de criterios, hay temor de tomar decisiones, hay dobles revisiones, hay recargos, hay burocracia”, dijo la ejecutiva.

Fue la SAT quien lo pidió

El viceministro de Finanzas, Dorval Carias, afirmó que fue el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue la que solicitó el apoyo del gobierno para que las fuerzas de seguridad -Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército- le ayuden a fortalecer las condiciones en el sistema aduanero.

Agregó que desde hace dos semanas atrás, cuando el presidente Otto Pérez Molina anunció que se apoyaría con las fuerzas de seguridad hace dos semanas, se ha visto una leve mejora en la recaudación aduanera, aunque no precisó de cuánto es.

“No sólo se trata de la presencia de las fuerzas de seguridad en las aduanas, es parte de un plan de fortalecimiento el sistema aduanero en el que se modernizará la tecnología de las aduanas, se van a fortalecer los procesos, se va a dar seguridad a los empleados, se ampliarán los controles que implican una mejor recaudación”, indicó que Carías.