Mano de mono

 Quedó fuera del pacto la aprobación de la iniciativa 4462, que contiene reformas a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y a la Ley del Organismo Ejecutivo, así como la Ley de Fideicomisos Públicos. Ha trascendido que la promesa de inclusión de esta iniciativa en el pacto político solo sirvió para atraer a las bancadas de oposición (Creo y Encuentro por Guatemala) y que las “bancadas cooptadas” se sintieran acompañadas.

 Ha trascendido que la bancada de diputados del Partido Unionista, liderada por el exeferregista César Leonel Soto Arango, se opuso rotundamente a la Ley de Fideicomisos Públicos (oposición a la que se sumaron sus aliados), ya que las actuales autoridades de la Municipalidad de la capital no están dispuestas a que los fideicomisos constituidos por ésta (Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala –Fidemuni–, Fideicomiso Metropolitano para la Recreación, Cultura y Deporte, Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana –Fapu– y Fideicomiso de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Guatemala –Fidemetra–) sean transparentados, regulados y fiscalizados.

 Si bien la iniciativa 4461 es importante, aunque las reformas a la Ley Orgánica de la SAT serán irrelevantes ya que la institución sería intervenida por el Gobierno próximamente, lo es más la iniciativa 4462, así como las reformas a la Ley de Contrataciones y la Ley del Servicio Civil que también quedaron fuera.

 El proyecto de reformas a la LEPP no convence a nadie, porque se aumenta el número de diputados (de 158 a 160), casi se triplica sin justificación alguna el financiamiento público a los partidos (pasa de US$2 a US$5 por voto), se obliga a los candidatos a cargos de elección popular a afiliarse a los partidos en abierta violación al Artículo 136, literales b) y d), de la Constitución y se incorporan normas que coartan la libertad de pensamiento y expresión, que seguramente la Corte de Constitucionalidad, a la hora de emitir opinión, las objetará. Asimismo, se estipula que la campaña política durará todo el año electoral, desde enero hasta las elecciones (noviembre). ¡Qué horror!