PEDRO TRUJILLO
El fin de semana volvió a evidenciarse lo que algunos hemos venido comentando y otros ocultando. Grupos terroristas ejercieron la violencia en Santa Cruz Barillas, haciendo lo que mejor saben: matar. En esta ocasión, un soldado desarmado originario de Quiché fue asesinado por cobardes habituales bendecidos —cuando no sutilmente alentados— por obispos fariseos y amparados por dizque defensores de DD. HH. y activistas carentes de vergüenza, conciencia y decencia. Como aquellos, son terroristas en grado de cómplices, aunque el MP los exculpa o hace la vista gorda como ha sido habitual en esos sucesos. La detención el fin de semana de varios maleantes con diversos antecedentes fue contestada con revueltas y violencia dirigidas a su liberación, y lo consiguieron.
El pasado año ocurrieron incidentes suficientemente graves como para que hubiesen adoptado medidas concretas que evitasen su repetición. Sin embargo, se soslayó el procesamiento por secuestro, rapto y agresiones muy graves a quienes vapulearon a soldados en un destacamento militar, apropiándose de su armamento, y se cesó a la fiscal que intentó procesar a algunos culpables, por cierto, del entorno de organizaciones que frecuentemente hablan de la criminalización de la protesta social, en lugar de hablar de criminales que generan protestas sociales.
La fiscal fue trasladada —y sufrió un atentado que casi le cuesta la vida— y los casos se transfirieron —tras reducir la acusación— a fiscales más dóciles. Ágilmente se detuvo a quien se sindicó de haber dado muerte a un campesino, aunque el tribunal lo absolvió recientemente de ese cargo porque al fallecido le habían disparado por la espalda y no de frente, lo que sugiere que fue muerto por quienes estaban detrás de él. Sigue faltando el criminal que asesinó a una persona y ahora se agrega a la lista otro nuevo. En ambos casos no se hará lo suficiente porque parece ser la consigna ideológico-oficial.
No existe el concepto pobladores o población en lucha. Es una mentira repetida por loros sicarios. La verdad es que hay grupos de mafiosos delincuentes que roban electricidad y la venden a sus conciudadanos; ocupan fincas, las parcelan y alquilan a campesinos; obligan a pobladores a que acudan a manifestaciones o les cobran multas; agreden a quienes trabajan para ciertas empresas o asesinan amparándose en ese prefabricado e inexistente concepto. Se escudan detrás de ONG y organizaciones sociales, campesinas, ecologistas, etc., y son protegidos por columnistas y activistas radicales que pretenden socializar el mundo a pesar del fracaso estrepitoso político y económico de esa ideología.
Cobardes que no dan la cara y actúan desde atrás, mientras sobreviven con fondos que reciben de donantes inescrupulosos o asisten en el extranjero a reuniones donde mienten una vez tras otra. Ante la frustración de haber sido desenmascarados, continúan su activismo mercantilista provocando continuamente y desdiciendo de la justicia cuando no le es servil en las sentencias. Para ellos justicia es sinónimo de veredicto a la carta, porque de lo contrario no les retorna el dinero esperado.
Este país tiene más asesinos, terroristas y mafiosos que aquellos que son detenidos por la PNC. Mucho matón de cuello blanco protegido por abogados, diplomáticos y religiosos tramposos. Criminales que han pasado de alentar a la gente para que se tire al monte a caldear los ánimos rurales. Son los cobardes que nunca tuvieron valor para combatir y dar la cara pero que continúan engañando a ciudadanos honrados. ¿Qué hacer? Evidenciarlos, para que no sigan destruyendo.
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Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 01 de octubre 2013.
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