Eduardo Mayora Alvarado
Creo que conviene distinguir entre el diálogo legítimo y el diálogo impuesto. El que ha ocurrido en Santa Cruz Barillas entre el Gobierno y algunos de sus pobladores no es legítimo. Es un diálogo que ha sido impuesto por la violencia, aprovechando la debilidad del Estado guatemalteco que, en mi opinión, se manifiesta de dos maneras. Primero, de hecho. Es decir, el Estado guatemalteco tiene pocos policías, mal pagados, mal entrenados, mal equipados y mal dirigidos. No es culpa de ellos sino de las élites que, de jure o de facto, ejercen el poder. Segundo, por la mentalidad predominante, exhibida por muchos medios de comunicación social, que no reconoce su carácter de fuente legítima y exclusiva de decisión jurídico-política “oficial” a las instituciones del Estado.
En efecto, solo puede pedírsele diálogo al “gobierno legal y legítimo” de un país, con grupos de personas que recurren a la violencia y a la extorsión, cuando se cree o se supone que ese “gobierno” no es “legítimo” y, por consiguiente, no tiene derecho a ser, al lado del parlamento y de los jueces de la república, la fuente “exclusiva” de decisión jurídico-política “oficial”. Dicho todavía de otra forma, la mentalidad predominante en Guatemala desconoce su valor de regla de conducta y organización a las leyes de la república y desconoce su valor de ejecutor “exclusivo” de esas leyes al gobierno instituido. Por eso demandan del Gobierno que ¡dialogue!
Los propios políticos que están en posiciones de poder dudan de hasta qué punto podrían replicar, ante una exigencia de ese tipo: —Un momento, el diálogo ya se produjo. Se produjo entre los representantes del pueblo legalmente electos en comicios generales y se transformó en una ley que, ahora, el Presidente de la República, electo también por sufragio universal y directo, por medio de sus ministros, está haciendo valer.
Cada funcionario público está obligado a jurar que cumplirá y hará cumplir la Constitución y las leyes. Eso implica la obligación de tomar todas las medidas legales para proteger los derechos de todos los habitantes del país. Como la hidroeléctrica atacada está en Santa Cruz Barillas se pierde de vista, por ejemplo, que los derechos de los habitantes de Camotán o de Morales a contar con el mejor precio posible por la energía eléctrica que se les suministre, previsto por la Ley General de Electricidad, se viola por los rebeldes de Santa Cruz Barillas —que ni siquiera son la mayoría de los pobladores de esa localidad—. Por supuesto, hay una relación directa entre el subdesarrollo económico de Guatemala y el hecho de que ni los altos funcionarios de gobierno, ni la mayoría de la población, como tampoco sus medios de comunicación social, le concedan a las instituciones oficiales del Estado la autoridad y competencias para ser los protagonistas “exclusivos” del diálogo, escuchando, como juzgaran más oportuno, opiniones y pareceres de la población. Sentarse a “negociar la legalidad”, que es el tipo de diálogo que se les pide, viola gravemente la Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 10 de octubre 2013.
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