Ley maniatada

sino que son grupos que tienen propietarios que pagan por tener diputados o venden puestos de elección popular, tal como ocurre con el PP, Líder, UCN o Todos, tan solo para mencionar algunos. Entonces no estamos hablando de agrupaciones que busquen un proyecto de Nación, sino satisfacer egos, intereses mercantiles o incluso enmascarar lavado de dinero mal habido.

ESE ES EL TRASFONDO que existe en torno a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los dueños de los partidos saben que no les conviene una normativa con dientes y que profundice la democracia, sino que esa ley solo tenga cambios cosméticos. Una enmienda de fondo tendría que partir de la necesidad de fortalecer al TSE con el aumento de fondos al 1 por ciento del presupuesto nacional y que las apelaciones de sus fallos sean conocidos solo por la Corte de Constitucionalidad. La falta de recursos y la certeza de sus resoluciones han hecho que los partidos políticos se pasen al TSE por el arco del triunfo porque no lo respetan como la máxima autoridad en materia electoral.

¿SABE USTED, ESTIMADO lector, cuál es la diferencia entre proselitismo y propaganda, para determinar si hay campaña adelantada? ¿Quiénes financian a los partidos y cuánto aportan? ¿Cuánto invierten los partidos en la campaña? ¿Existe algún mecanismo democrático en los partidos para definir candidaturas a cargos de elección popular, como diputaciones y alcaldías? ¿Cuál es el ideario político ideológico de los partidos? No, estos aspectos tan sencillos que permitirían transparentar la actividad política son difíciles de definir porque para nuestra desgracia la discusión y aprobación de la reforma está en manos de los mismos que van a ser regulados. Eso es como poner en manos de la delincuencia la discusión y aprobación de un reglamento en las cárceles.

SI EXISTIERA VOLUNTAD de hacer bien las cosas sería importante reducir el tiempo de duración de la campaña proselitista y democratizar los partidos con más acceso a mujeres e indígenas, que han sido marginados de la toma de decisiones. Estos son algunos de los cambios que se requieren en la referida ley para evitar una mayor descomposición del sistema político. Si no hay un cambio de fondo, la estructura electoral y partidaria seguirá igual, lo que imposibilitará que Guatemala pueda acceder a mayores niveles de desarrollo y calidad de vida porque la política seguirá en manos de mercaderes y corruptos.