Campaña anticipada

tiene todas las ganas de evitar la “campaña anticipada”, pero como es una institución a la que nadie le hace caso, sus resoluciones son revocadas por la Corte de Constitucionalidad y las multas son risibles, los partidos prefieren pedir perdón y olvidarse del permiso. Es tan macondiano nuestro ambiente político que hasta un presidiario, con derechos políticos suspendidos, muestra por redes sociales su interés para poner orden en el país y ser presidente y logra cobertura de importantes medios.

La ley dice: “Ninguna autoridad podrá impedir manifestaciones o reuniones públicas dispuestas con fines de propaganda electoral, desde la convocatoria hasta treinta y seis horas antes de la señalada para el inicio de la votación”, por tanto, es claro que solo convocado el proceso hay reuniones públicas. Por otra parte, el reglamento —preparado por la propia autoridad electoral— señala: “La propaganda y encuestas electorales solo serán permitidas desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones y hasta treinta y seis horas antes de celebrarse las mismas”.

El concepto está claro, hacer propaganda no se puede. Pero si a lo anterior le sumamos que Guatemala fue de los últimos países que reguló el financiamiento privado a los partidos políticos y así dispuso de muchas reglas para lograr, por fin, “un poco de control”, lo que gastan los partidos políticos en este momento en propaganda es ilegal y es una causa de cancelación de su personalidad jurídica, es decir, la más drástica de las sanciones. Si la autoridad quisiera poner orden, hace tiempo lo habría hecho.

Así las cosas, ¿por qué entonces hay propaganda y el TSE no hace nada? Las respuestas son sencillas y son tres, primero, porque es tradición que quien gana la Presidencia es quien se robó la salida; segundo, porque el TSE es una autoridad de complacencia y no está interesada en aplicar la ley; y por último, porque mucha gente, tras una campaña electoral se hace millonaria, de la noche a la mañana, y hay muchos haciendo cola para figurar como los nuevos caciques de un pueblo donde, al fin y al cabo, el cumplimiento de la ley no es ninguna prioridad.

En estos momentos los guatemaltecos jugamos con nuestro precario sistema democrático. La reforma electoral era urgente y apremiante, pero antes de un nuevo cambio de ley es conveniente preguntarse: ¿quieren los partidos orden en el ambiente electoral? Si la respuesta es negativa, mejor que dejen la ley como está; de lo contrario, caeremos en normas casuísticas y la frustración de las expectativas es el germen más fértil para la rebelión.