Un reto para el Estado, los ciudadanos y las empresas

Por fin, el Congreso de la República decidió aprobar la Ley de Equipos Terminales Móviles para intentar combatir el robo, trasiego y comercialización de celulares.

El robo de los aparatos ha contribuido a aumentar la cadena de muertes en nuestro país. Muchas familias han perdido a alguno de sus miembros que cayeron abatidos por las balas asesinas de ladrones de teléfonos.

Mientras, miles de ciudadanos, hombres y mujeres, conducen todos los días acongojados por las calles y calzadas de las diferentes ciudades, bajo el temor de ser asaltados cuando viajan a sus lugares de trabajo o centros de estudio.

Las madres, especialmente los fines de semana, no pueden conciliar el sueño mientras sus hijos salen al cine o algún sitio de diversión, pues las invade el miedo de que les suceda algo a manos de un ladrón de celulares.

Numerosas bandas de delincuentes se han formado en torno al negocio de las terminales móviles. También están los comerciantes sin escrúpulos que lucran con aparatos que están manchados de sangre. Pero hay que señalar a los ciudadanos que acuden a esos sitios a comprar un teléfono. Estos, aunque no se percaten, forman parte de la cadena de muerte que hay que desterrar.

La nueva ley establece penas que van de los 6 a los 15 años por el robo. Pero, además, castiga a comerciantes, funcionarios de prisiones y a quienes adquieran teléfonos de dudosa procedencia.

Las empresas de telefonía, por su parte, deberán crear un registro de cada usuario, tanto en pospago como prepago, así como una base negativa con terminales reportadas como robadas, hurtadas o extraviadas en el país o en el extranjero.

El usuario tendrá 36 meses para registrarse ante su operador. Al final de ese plazo, los chips no reportados quedarán deshabilitados.

La nueva ley ha recibido el aplauso de los ciudadanos que la han seguido de cerca, así como de los diversos actores. El reto será ponerla en práctica. En este aspecto, el Estado tendrá un papel primordial, haciendo cumplir la ley: deteniendo y llevando a la cárcel a los integrantes de las bandas de ladrones, comercializadores y compradores.

Ojalá y la ley aprobada pueda cumplir su cometido. Eso sería un alivio para todas las familias del país, que han vivido en la zozobra, temerosas de que alguno de sus miembros pueda perder la vida por un teléfono.