Lavado de cara

Esa decisión se traduce en varios mensajes. El primero para evitar un conflicto diplomático entre ambos países, el segundo y más importante, para dejar constancia de las consecuencias que conllevan los altos cargos públicos. Las metidas de pata de los subordinados son responsabilidad del titular, quien no está exento de las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan.

En nuestro país, los niveles de desfachatez no tienen límites. Cada vez son más los funcionarios públicos vinculados con actos ilícitos, tráfico de influencias, casos evidentes de corrupción, prepotencias y todo un sinfín de expresiones propias de delincuentes. Una viceministra de Salud abusa del poder, otra funcionaria de ese ministerio celebra fiestas en el lugar y horario de trabajo. Ambas están fuera, pero eso no es suficiente. Prescindir de sus “servicios” no significa deducir responsabilidad. Otros hechos son más graves.

Más de cincuenta personas fallecieron por un trágico accidente de tránsito de un bus colectivo y el director de Tránsito sigue en su puesto. En sociedades con un poco más de desarrollo, esa persona hubiese sido despedida de inmediato, por incompetente. Aquí no pasa nada y los superiores se tapan con la misma chamarra de la impunidad. Un presidiario, Byron Lima, asume el control de las cárceles, realiza actos “cívicos” con presencia de funcionarios y diputado del partido oficial y, para ajuste de cuentas, el director del Sistema Penitenciario se hace el loco. Eso es intolerable.

Lo más cuestionable, el ministro de Gobernación solo pide un informe y el presidente de la República esquiva su responsabilidad. Para comenzar, el inepto director debe salir de su puesto de inmediato. Lo mismo debe ocurrir con la cadena de mando, que por contubernio o desconocimiento están pintados, dejando que las cárceles sean una escuela superior del crimen organizado. El parlamentario implicado debe al menos recibir una sanción del tribunal de honor de su partido.

Ese conjunto de medidas deseables no compondrán el mundo, pero al menos serían decisiones aleccionadoras para contener que el resto de la jauría de funcionarios no termine armando mayores fiestones en la segunda parte de la gestión. Si el asunto de detentar el poder político tiene algo que ver con autoridad, esta se ejerce o solo sirve para alimentar la cohabitación tradicional de los poderes fácticos que convierten a los que asumen la Presidencia y sus cercanos en títeres de un ejercicio que se pacta tras bambalinas.