En Guatemala existen más de 70 mil regulaciones de todo tipo (leyes, reglamentos, acuerdos y demás), pero que solo existen en el papel, porque la pura verdad es que no hay instituciones sólidas y confiables que las hagan valer. No obstante, el oficialismo ha anunciado que pretende que el Congreso apruebe 170 nuevos proyectos de ley (presentados durante 2012 y 2013), entre los que se incluyen los Q3.5 millardos en bonos, los Q3.4 millardos en préstamos, más impuestos para la clase media y otro gigantesco y desfinanciado presupuesto estatal para el 2014. ¡Qué horror!
No es por medio de la emisión de nuevas normativas que se va a resolver la altísima conflictividad en la cual nos encontramos sumidos, o la problemática socioeconómica. Lo que se necesita es que exista verdadera voluntad política para hacer funcionar las instituciones, con una visión estructural y de largo plazo. En todo caso, la voluntad política se expresa, en primer lugar, por medio de destinar el grueso de los recursos del Estado a satisfacer las necesidades de seguridad y justicia. Todo lo demás debería estar subordinado a esta prioridad.
Simplemente no puede asumirse que existe voluntad política de afrontar con responsabilidad los temas de justicia y seguridad cuando, en vez de destinar más recursos a las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Inacif e Instituto de la Defensa Pública Penal), se echa mano de los escasos recursos estatales para emplearlos en otros menesteres (principalmente en clientelismo político y negocios de los financistas), porque así se les da la gana a los politiqueros y sus patrocinadores.
Por otro lado, la emisión de decretos legislativos tampoco es la varita mágica que resuelve los problemas, ya que si así fuera, entonces, de un plumazo, podría acabarse con la pobreza, ponerle fin a la violencia, erradicar la impunidad, declarar la vigencia del pleno empleo o imponer la felicidad.
Por cierto, la gran mayoría de regulaciones en nuestro país es buena, pero lo que hace falta es que se cumplan y apliquen. No necesitamos que las regulaciones se sigan sustituyendo o modificando, sino que se hagan valer. ¡Basta ya de legislar! ¡Basta ya de seguir con la locura de emitir más y más disposiciones nuevas! En lo que debemos atarearnos es en que se observen y apliquen.
La inflación de leyes es tal en Guatemala que todo está prácticamente sobrerregulado y hasta excesivamente regulado. Más bien, en vez de más leyes, deberían derogarse varias de las que están vigentes (antieconómicas, antitécnicas y antijurídicas). De cualquier manera, la función principal del Congreso debería ser fiscalizar y no legislar.
Publicado el 16 de Agosto en elperiodico.com.gt por Editorial El Periódico
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