Leyes que sí son urgentes

Cada vez que el Ejecutivo tiene interés en impulsar alguna iniciativa que afecta a los guatemaltecos, se busca agradar a la población con supuestas normativas que ayudarían a combatir la corrupción, pero hasta ahora son más los ejemplos de que eso no ha sido así, porque la corrupción sigue incontrolable y no se vislumbra un interés genuino en frenar tan deplorable práctica, sino más bien hasta puestos importantes que podrían hacer mucho por la fiscalización han sido ocupados por personajes indiferentes al latrocinio.

En cambio, durante años se le ha dado vueltas a una ley que de verdad es urgente, y es la que podría combatir el robo de celulares, otro flagelo que ninguna autoridad ha podido frenar y que ha llegado a extremos de cobrar la vida de muchos guatemaltecos, amén de alcanzar cifras incomprensibles de robo, que hasta resulta penoso pensar en los niveles de incapacidad de las fuerzas de seguridad ante un delito que cotidianamente ocurre en escenarios que, para ubicarlos, no se necesita tanta inteligencia.

Guatemala ha avanzado muy poco en combatir y controlar esos actos de pillaje, y probablemente tendrá que venir una presión del exterior para que esos indicadores desciendan a niveles más aceptables, y eso porque el robo de celulares en el mundo está alcanzando también niveles de preocupación. Hay que recordar que estos teléfonos los emplean desde criminales de poca monta hasta terroristas internacionales que han elevado la demanda de chips, porque solo los utilizan una vez y los destruyen para no dejar huellas.

Cada vez será mayor la presión para que países como el nuestro ejerzan mayores controles sobre la venta y uso de celulares, ya que está demostrado que aquí son demasiado laxos esos controles, empezando por la vergonzosa situación de los penales, donde resulta inconcebible que se efectúen tantas requisas para incautar esos aparatos, que entran y circulan como si se tratara de algo insignificante, cuando es bien sabido que desde esas guaridas de delincuentes se comete la mayoría de extorsiones.

En el Congreso se han planteado diversas iniciativas al respecto, y la última propuesta busca endurecer las penas contra funcionarios y empleados de Presidios que faciliten o ingresen celulares a los centros de detención, aunque las medidas deben ser mucho más amplias, ya que los penales son el último eslabón de una cadena criminal que empieza en las calles, donde es demasiado fácil robar y matar porque es muy rentable, algo que los diputados pueden detener si de verdad quieren hacer una ley positiva para el país.