Los precalificados

se rompe uno de los principios básicos de la armonía social, tal como lo es la igualdad ante la ley. Por medio de dinero se pretende o se consigue que “alguien” deje de ser igual al “otro”, y así, por plata, se consigue una preferencia para tal o cual situación. Esta es una realidad mundial y tenemos que ser muy certeros en advertir que los grandes países “civilizados” mantienen también sus niveles de corrupción, solo que la saben maquillar en mejores términos, o bien las empresas vienen a países “menos favorecidos” a corromper a diestra y siniestra.

Mucha de la corrupción reinante en el país es debido a que no hemos podido utilizar el sistema tal como fue diseñado: en forma sistémica, sino que, por el contrario, somos especialistas en querer ver solo una pequeña parte del problema y en cuanto a las contrataciones que hace el Estado, es fácil advertir cuáles son las principales causas.

En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda existe una pequeña oficina, algo olvidada, que se llama “Registro de Precalificados de Obras”. Este registro, ni por asomo, debería ser esa dependencia que pelea presupuesto a codazos, sino por el contrario, si existiese interés por combatir la corrupción allí deberían destinarse buena parte de los esfuerzos estatales. En el Registro de Precalificados se “acredita” la posibilidad de una empresa para realizar tal o cual obra oficial, es decir, allí consta si una empresa solo puede chapear un tramo carretero para darle mantenimiento, o bien, si puede construir 50 kilómetros.

Las noticias que todos los días nos inundan reflejan que fulanito abre una empresa y al día siguiente tiene adjudicado un contrato de cien millones, y esto es solo porque el Registro de Precalificados se ha dado a la tradición, desde hace décadas, de estar recibiendo papeles y jamás comprobar si en realidad una empresa tiene capacidad real.

Los guatemaltecos vivimos la cultura del expediente. Si en el expediente dice que se puede hacer cualquier cosa, simplemente se hace, sin importar si es una violación a la ley, a la moral y a los derechos humanos, y esto debe ser erradicado. El expediente debe reflejar una situación legal, lógica y en derecho, jamás es un “requisito”, sino que es el fiel reflejo del comportamiento institucional en torno a la defensa del sistema —bueno, así debería ser—.

Por tanto, si este gobierno quiere dar muestras directas de combate de la corrupción, no debe esperar que ese congreso anquilosado y deslegitimado se mueva, basta dar un empujón al Registro de Precalificados de Obras para hacerlo vivo y eficiente. Un registro fiscalizado por sus usuarios no puede ser difícil, y acá la prensa juega un papel fundamental.