La iniciativa 4084 viola la constitución, diga NO.

 “La problemática de la tenencia y uso de la tierra está tomando como base el Acuerdo 196-2009 una copia de la Iniciativa 4084 a todas luces inconstitucional”, dice Humberto Pretti.

Presiones sobre el Congreso para aprobar la Ley 4084

Ejecutivo presiona a legislativo para que se apruebe de manera irresponsable el proyecto de ley 4084

El analista Humberto Preti en su columna de opinión “Una nueva política agraria (I)”, escrita en Prensa libre, sostiene que la problemática de la tenencia y uso de la tierra está tomando como base el Acuerdo 196-2009, el cual es una copia de la iniciativa 4084, y es a todas luces inconstitucional. Además, no garantiza el desarrollo, eso sí, pone en riesgo  el aparato productivo existente, se sigue hablando de gratuidad, condonación de deuda y de aumento de impuestos.

En otro orden, la Cámara del Agro (CAMAGRO) también ha realizado análisis jurídicos que demuestran que la aprobación de la iniciativa 4084 contiene claras violaciones a la Constitución de la República de Guatemala.

Entre ellas, destacan la vulnerabilidad de tratados internacionales, duplicidad de funciones por parte de entes del Estado y derechos individuales. Además, ven peligroso que la misma proviene de una ideología política la cual no responde a las necesidades de todos los guatemaltecos.

En varios comunicados de prensa, esta agrupación ha dejado en claro las razones de su abierta oposición a la 4084, como los son ilegalidades y favoritismos sectorizados que se han alcanzado por medio de presiones sociales como bloqueos de carreteras y actos que riñen con el orden público.

También ponen de manifiesto que las organizaciones que piden la aprobación de la 4084 son aquellas que, sistemáticamente, han actuado al margen de la ley. Esto por medio de agresiones a los derechos humanos de los demás guatemaltecos.

CAMAGRO asegura en sus comunicados que el desarrollo económico y social no se resuelve con ideología, sino con modelos sostenibles y competitividad. Son necesarias políticas de Estado que garanticen el funcionamiento de las instituciones existentes de manera transparente y eficiente.

 

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