Con radares, pero sin aviones

Las compras por excepción han sido la regla, y desde pelotas a la Industria Militar por parte del Ministerio de Cultura, hasta armas y municiones por parte del Ministerio de Gobernación. Nada de cuestionar costos o cumplir con los requisitos de ley. Urge gastar, urge comprar. El gobierno actual dilapida recursos y todo se compra con carácter de urgencia para evitar las licitaciones. No hay dinero para la Universidad pública, mucho menos para la refacción escolar, pero se viaja en avión privado a costos elevados.

Por eso huele a quemado cuando de la noche a la mañana se anuncia que los aviones brasileños que vendrían a fortalecer a la siempre débil y paupérrima Fuerza Aérea ya no serán adquiridos porque, se dice, están sobrevalorados, suspensión que se produce diez meses después de que el propio gobierno presionó al Congreso de la República para que se autorizaran las “Negociaciones del contrato de financiamiento mediante abertura de crédito”.

El Decreto 20-2012 del 11 de octubre de 20012 fue aprobado por el Ejecutivo el 6 de noviembre de ese mismo año, y publicado en el diario oficial el 15 de ese mes. En él se autoriza al Ejecutivo a negociar el préstamo con el BANDES de Brasil para la compra de seis aviones Super Tucanos, un Centro de Comando y Control y un paquete logístico que comprende servicios y partes, equipo de tierra, de vuelo y entrenamiento. El acuerdo adiciona la autorización para la compra de radares, estos a adquirir con una empresa privada española, y el crédito será dado por el Banco español BBVA. Según las informaciones hechas públicas, sí se comprarán los radares, pero no los aviones, sin que se sepa por ahora qué utilidad podrán tener.

En otras palabras: se hace el negocio con el banco privado español, pero no con el público brasileño. Puestos a investigar, varias cuestiones salen a luz.

Efectivamente las negociaciones se hicieron en el gobierno anterior, y en ellas intervinieron funcionarios brasileños del BANDES, el banco de desarrollo de ese país, y de EMBRAER, la empresa de capital mixto brasileña que produce los aviones. Tanto los valores como los intermediarios eran conocidos por los actuales gobernantes antes de que movilizaran a sus diputados (Patriotas y de otros partidos) para que, como es ya costumbre en este período de sultanato, se aprobara el decreto sin chistar. Es de suponer, en consecuencia, que la cuestión de los precios y demás costos fue visto y revisto por los que actualmente ocupan los despachos de gobierno.

En la opinión de los brasileños, los precios son los de mercado, aproximadamente diez millones de dólares por cada uno de los seis aviones, y más o menos un costo semejante por todo lo demás del paquete.

Se ha sabido que entre los que fueron controlados por el espionaje norteamericano recién hecho púbico están altos funcionarios de EMBRAER y el BANDES, por lo que el retroceso del gobernante guatemalteco se entiende, en Brasil, como consecuencia de las presiones que desde Washington se hacen al gobierno guatemalteco, con quien sabe qué razones, pero pudiendo ser semejantes a las que hicieron que el Lic. Pérez Aguilera modificara su opinión sobre la deportación del expresidente Portillo. Pero también se ha sabido que desde Guatemala hubo insinuaciones de comisiones para que la compra se autorizara, pedido al que a estas alturas de la negociación los brasileños ya no pueden acceder.

La cuestión, pues, ha venido a demostrar que más allá de los alardes por una supuesta posición independiente y soberana, el actual régimen está atado por fuerzas extrañas a los sectores más conservadores del Pentágono. Además, que en el Ejército de Guatemala a la Fuerza Aérea se le necesita tener bajo las botas.

Todo hace suponer que ahora los radares se pondrán a vigilar a los motoristas para saber quiénes no llevan chaleco naranja y, si de aviones trata, se tendrá que caer con los que en el norte autoricen y vendan.