El sumarse a la exigencia de la expulsión del país de extranjeros que lejos de desarrollar una función propositiva, de desarrollo y paz para los guatemaltecos, instigan a su confrontación, además de intervenir en la administración de justicia tanto en la Fiscalía General de la Nación como del Organismo Judicial, demandó ayer a nombre de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz.
El representante de dicha organización, expuso que esta flagrante violación a la soberanía del país, se sustenta en la retrospectiva histórica de estos personajes, sus vínculos y orígenes de filiación que lleva hacia un tronco común, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de la Iglesia Católica de Guatemala –ODHA-, de cuya estructura de tendencia izquierdista extrema y para nadie es un secreto, surgió quién hoy a pesar de las constantes solicitudes para su renuncia, ocupa el cargo de Fiscal General de la República, Claudia Paz y Paz Bailey.
El empresario recalcó que Paz y Paz, consecuencia de la actitud de encubrimiento y negligencia en que ha incurrido desde hace más de dos años, ha provisto de un aura de impunidad y anarquía, tanto a la dirigencia como a los integrantes de estos grupos. Uno de las últimas evidencias de lo que señala, prosiguió, fueron los hechos de violencia en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en dónde fue asesinado con un disparo de arma de fuego recibido en la espalda, el soldado de 26 años de edad, Víctor Miguelito Soria Pacheco, quién ha dejado en la orfandad paterna a dos menores de edad. Han recibido información que las armas utilizadas por estas personas, fueron AK-47, parte del armamento que la guerrilla no entregó.
Otros hechos que dan más fuerza a su denuncia, indicó el empresario, lo es que hace un año en esa misma región, Paz y Paz, no sólo intimidó a personal del Organismo Judicial para que cesara la persecución penal contra los instigadores para destruir propiedad pública y privada, sino que además destituyó a la auxiliar fiscal, Hilda Aguilar, por haber solicitado ordenes de captura en contra de los involucrados.
Para Méndez Ruiz, este proceder marcó el inicio de hechos como los acontecidos en La Cumbre de Alaska, Sololá; luego, los de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en dónde además de verificarse actos de terror, fue robada una gran cantidad de material explosivo cuyo paradero, se desconoce.
Como organización, agregó, la fundación iniciará una campaña para quitar la máscara a los integrantes de esta estructura de violentación a la soberanía nacional, a la gobernabilidad en el país y a una verdadera, clara y ética aplicación de la justicia, por lo que aplauden y aplaudirán se concrete el anuncio hecho por las autoridades de la actual administración gubernamental guatemalteca.
Por ello y a la vez de exigir al Gobierno Central no negociar con terroristas, se proporciona este día los primeros nombres de los extranjeros contra los cuales se solicita investigar su situación jurídica en el país y desconocimiento al estado de Derecho guatemalteco. Muchos están amparados solo con visas de turistas, por lo que cabría preguntar, ¿cómo procederían los gobiernos de los países de los cuales provienen si un guatemalteco llega a incitar para actos de terrorismo a su población?
· Ricardo Busquets, uno de los principales dirigentes-sombra, del Comité de Unidad Campesina. Español de origen catalán, distribuye información a organizaciones medios de la prensa Cataluña; se le vinculó en época reciente, como uno de los instigadores de disturbios registrados en Cunén, Quiché.
· Roberto Marani, italiano, miembro laico de la Diócesis de la Iglesia Católica de San Marcos, y coordinador de la Comisión Pastoral Paz y Ecología –Copae-; se le identifica como el brazo derecho y rostro público de representación de Álvaro Leonel Ramazzini Imeri).
· Wolfgang Krenmayr, austriaco que con visa de turista, se hace identificar como investigador social de la Pastoral Social de la Diócesis de la Iglesia Católica de San Marcos, y filiado al Comité de Unidad Campesina –CUC-.
Alberto Brugnolli, un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, con cuyo accionar violenta los convenios de Viena.
Por último, el empresario y director de la Fundación Contra el Terrorismo, Méndez Ruíz, reiteró la demanda de retirar del cargo a la Fiscal General de la República, Claudia Paz y Paz Bailey, quién busca una estratagema para ampliar su mandato, entre esta los juicios políticos.
No Responses