Manifestantes fueron víctimas de espionaje

De acuerdo con lo ocurrido y lo admitido ayer por las propias autoridades, el Gobierno tendría la posibilidad de individualizar rostros y obtener la identificación personal de cada uno de los participantes en la protesta, gracias al uso de equipo de última generación. La inversión completa en el equipo llegaría a los Q1 mil 232 millones, en 60 meses, según se informó en su momento.

Con esto las autoridades no solo habrían utilizado un mecanismo para intimidar y amedrentar a los participantes, como afirman expertos y analistas, sino también es un método para saber quiénes tomaron parte en la marcha, con sus respectivos datos de identificación personal.

Múltiples denuncias sobre la filmación de la masiva manifestación en la Plaza de la Constitución y el uso de drones sobre la muchedumbre llegaron a manos del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque por lo que se comunicó con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien argumentó que el motivo del monitoreo era el “resguardo de la seguridad”.

Presenta equipo

El 16 de mayo del 2014, López Bonilla presentó el equipo recién adquirido y, según la misma página web de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que esos “ojos electrónicos” tienen “una mejor resolución para identificar desde lejos rostros humanos para el procesamiento de información en la identificación de las personas, en un enlace inmediato con el Renap, entidad que contiene los datos biográficos para cotejarlos con los archivos de la Policía en materia de antecedentes”.

Asimismo, Bonilla afirmó esa vez: “Los drones se desplegarán en los cielos para la verificación en las manifestaciones que se registren y por la posibilidad de actos de violencia, escenas de crimen complicadas y proteger los recintos deportivos”.

Ven intimidación

Expertos creen que la utilización de cámaras en los alrededores de la Plaza de la Constitución se dio para amedrentar a la población que participó, debido a que son aparatos que no se utilizan con frecuencia, y menos en una marcha pacífica.

Wálter Menchú, experto en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refirió que la instalación de múltiples videocámaras es un mensaje de amedrentamiento, porque este tipo de equipo no se emplea a menudo.

“Puede ser que el Ministerio instaló el equipo como medida de seguridad, para prevenir cualquier incidente (…). En esta ocasión se sabía que el lugar de concentración sería la Plaza de la Constitución y, como es un equipo grande, se tuvo el tiempo de instalarlo”, indicó.

Cristhians Castillo, del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, manifestó que es justificada la desconfianza porque no es una medida recurrente, lo cual genera una especie de suspicacia.

“La presunción que genera la instalación de las cámaras —de videovigilancia— por Gobernación es: Queremos saber quiénes están en la manifestación. Quiénes están detrás del descontento y qué sectores están contra nosotros.” añadió.

Mientras tanto, Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), expresó: “El tema aquí es el nivel de desconfianza que hay de la población hacia las autoridades (…), por eso es que tenemos tantos peros con la instalación de ese equipo”.

Lorena Escobar, experta en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, expuso que desconoce si este equipo se utilizó en otros movimientos y la fecha en que se adquirió, pero resaltó que si Gobernación no utiliza con frecuencia este tipo de videovigilancia, de ahora en adelante se podrá pensar que en esta ocasión fue utilizado para otros fines.

Por último, el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos Luis Chávez, contrario a los demás, declaró que le parece prematuro decir que es un hecho de promoción de pánico o amedrentamiento, y que por ahora lo que se sabe es que el Ministerio lo utilizó como medida de prevención de delitos.

“Ahora hay que esperar que la PDH, como garante de los derechos humanos, solicite informes al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, para verificar que fue un hecho intimidatorio”, afirmó.

Las sospechas de bloqueo de señal acrecentaron la sensación de que se quería impedir la difusión de la actividad.