Otra vez las aterradoras estadísticas que miden, en parte, los grados execrables de abuso sobre las niñas guatemaltecas. Se registran entre 16 y 20 denuncias diarias de violaciones y debe tomarse en cuenta que es un número que no representa la totalidad ya que demasiadas se ocultan y nunca llegan a denunciarse. Se trata de indicadores del horror de los vejámenes sexuales, también de una institución no oficial pero existente: el matrimonio infantil. Niñas dadas como prendas, como pagos y como negocio, a hombres adultos mucho mayores.
El año pasado entre enero y julio según cifras oficiales del Ministerio de Salud, convalidadas por la organización Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, se produjeron 42,000 embarazos infantiles. Y las cifras aumentaron, llegándose al final del año a 90,899 niñas y jovencitas embarazadas de entre los 10 y los 19 años. La mayoría de estas niñas y adolescentes eran de escasos recursos y de esta manera nuevamente la pobreza muestra uno de sus rostros más terribles.
Resulta sombrío constatar que el matrimonio infantil y la violación de menores de edad es una cuestión vieja, enraizada en la cultura y el comportamiento de amplios estratos de la población, especialmente la campesina. Ya en los años veinte del siglo pasado, es decir casi un siglo, Miguel Ángel Asturias denunciaba la situación en su mal entendida tesis de licenciatura en derecho, frecuentemente mal interpretada y descontextualizada. Asturias demandaba enérgicamente entonces y en sus palabras: “Prohibir en lo absoluto casamientos y uniones prematuras”.
No hay peor ciego que él que no quiere oír. UNICEF ha dado ya muchas alarmas, advirtiendo los impactos negativos en el tejido social y específicamente entre las familias, la realización de este tipo de matrimonios entre hombres adultos y mujeres menores de edad, una forma de justificar el abuso sexual dentro de la excusa de “vivir en pareja” con una menor de edad. El matrimonio infantil no cumple con la legislación guatemalteca y es parte de la violencia contra las mujeres. Según UNICEF los problemas con el matrimonio infantil forzado son de variada índole. Las consecuencias para las menores pueden ser dramáticas y trágicas, ya que pierden su escolaridad, pierden parte de su infancia y adolescencia al obligarlas a asumir papeles prematuros de adultas y de madres con los consiguientes daños colaterales y riesgos en salud que pueden llegar hasta la mortalidad por parto.
Hace unos años la joven cineasta sueca Shari Sabel Strandmark realizó un cortometraje en la ciudad de Guatemala: Ana cumple 14, donde contando la historia de Ana, personaje principal, se visibiliza usando la ficción una problemática bastante negada e ignorada: el matrimonio infantil entre las capas medias bajas, ladinas y urbanas.
La educación sexual en el país es casi nula y los derechos sexuales y reproductivos poco conocidos, muchas veces irrespetados. Cuando no vilipendiados por una mezcla de ignorancia, conservadurismo, mojigatez, religiosidad a ultranza, militarismo y ante todo temor. Estas carencias estructurales de educación sexual y de falta básica de información llevan a los embarazos no deseados y después al aborto clandestino. El aborto no es todavía legal en Guatemala. Pero esto no impide que se realicen miles de abortos en condiciones deficientes desde el punto de vista médico y de higiene básica, lo que pone en peligro la vida de las abortadas, muriendo o quedando lisiadas un número desconocido pero que se estima elevado. Muchas mujeres que abortan, incluyendo menores, habían resultado embarazadas después de una violación.
Los derechos sexuales y reproductivos –DSP– deben formar parte activa de la formación de ciudadanía. Se trata de decisiones individuales que implican la aceptación social de cómo mujeres y hombres deciden sobre sus propios cuerpos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. No fue sino hasta 1989 cuando pudo concretarse la Convención para los derechos de la Infancia. Es un acuerdo global que define tanto los derechos del niño como persona humana, como las áreas de su desarrollo, principalmente la salud, la cultura y la educación. Guatemala es país signatario pero, a todas luces no cumple ni lejanamente con los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de derechos del niño. La situación general de la infancia guatemalteca es lamentable y específicamente la de las niñas y adolescentes, negativamente potenciada por la triple conjunción de ser mujeres, pobres y menores de edad.
La violaciones de menores y el matrimonio infantil son dos manifestaciones abominables del más absoluto subdesarrollo social, económico y moral. Se trata de fragantes violaciones de los derechos del niño. Las menores de edad, las niñas violadas o casadas a la fuerza constituyen un grupo social muy vulnerable y resulta urgente que la sociedad en su conjunto tome más conciencia y conocimiento de lo que significa el llamado matrimonio infantil. No puede aceptarse este tipo de tráfico humano, con intenciones de obtener regalías materiales por medio de entregar una niña a un adulto mucho mayor y que a cambio gratificará a la familia “donante” con dinero y otros beneficios. Es desde luego aborrecible y totalmente falso de que las niñas obligadas a casarse salen ganando pues escapan de la pobreza. Al contrario, les roban su infancia y las hunden en un abismo existencial que puede dañarles el resto de su vida.
En definitiva: la infancia es el tiempo de los tiempos. Pasa pronto pero según los sicoanalistas, no termina nunca, ya que afecta toda la vida del adulto. Innegociable resulta entonces robarles a los niños su infancia. Qué se dirá dentro de 100 años sobre nuestra época, cuando ser niño resulta casi un delito, castigado con la pena de muerte por inanición o por enfermedad o el castigo del trabajo forzado en lugar de la escuela, el juego y la seguridad de un hogar. El que no ha sido niño difícilmente podrá desarrollar su propia humanidad.
El Periodico.
https://elperiodico.com.gt/domingo/2018/08/19/el-horror-del-matrimonio-infantil/
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