Más de 8 mil recibieron Bono Seguro sin estar en condiciones de pobreza

Publicado Por Ferdy Montepeque, el 5 de Mayo 2017, Por elPeriódico

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La auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló que el Mides aún utiliza el padrón de beneficiarios del programa Mi Familia Progresa, creado durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Rosa Elizabeth Alvarado Soto, directora de la Escuela Oficial Mixta del caserío El Manzanote en Granados, Baja Verapaz, recibió Q3 mil 750 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante cinco años, como pago del Bono Seguro, pero su salario es de Q7 mil 492 mensuales. Según la CGC, ella es una de las 8 mil 673 personas que durante 2015 se benefició de ese programa sin estar en condición de pobreza o pobreza extrema.

El caso de Alvarado Soto solo evidencia una de las irregularidades que se identificaron en primera auditoría de desempeño de la Contraloría, la cual concluyó que dentro del padrón de beneficiarios del programa social Bono Seguro (ahora denominado Transferencias Monetarias Condicionadas de Salud y Educación) existen empleados de 11 instituciones estales, quienes además de su salario mensual, recibieron el aporte económico del Mides.

También figuran jubilados por el Seguro Social y pensionados del Estado y personas que reciben ingresos de empresas privadas, de acuerdo con informes de Guatenóminas, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), el Registro Nacional de las Personas (Renap) y de la Secretaría General de la CGC. Todas estas personas superan la línea de la pobreza que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), la cual determina que para 2014 el valor de la línea de pobreza era de Q10 mil 218, mientras que la de pobreza extrema era de Q5 mil 750.

Para la entrega de un bono de Q300, el Mides debe verificar que las familias usuarias cumplan con inscribir y enviar de forma regular a sus hijos de entre seis y 15 años a la escuela; y que los niños de cero a seis años asistan a los servicios de salud. Los auditores de la Contraloría pidieron información a los ministerios de Salud y de Educación sobre el registro de usuarios, pero ambas instituciones respondieron que se carecía de esa información.

De acuerdo con el informe, el padrón del programa Mi Familia Progresa –creado por la UNE– era de 757 mil 765 beneficiarios, el cual, pese a tener varios cambios, continúa registrando irregularidades en el programa. En 2015, el padrón se redujo a 740 mil 240 usuarios.

No hay evaluaciones

Otro de los hallazgos reportados por la Contraloría es que no se llevaron registros para demostrar que el programa social contribuye a generar capital humano, pese a que este era el objetivo del programa, en familias en condición de pobreza y pobreza extrema con niñas y niños de cero a 15 años y mujeres embarazadas en periodo de lactancia, según el Acuerdo Ministerial DS-46-2015.

El Mides no cuenta con ningún documento que revele la contribución del programa en ese sentido, por lo que no se puede establecer el cumplimiento de ese objetivo. “El programa no realiza evaluaciones para determinar las mejoras alcanzadas en materia de salud y educación, por parte de los beneficiarios. No existen registros estadísticos de condiciones de los beneficiarios del programa, antes, durante y después de utilizar sus  beneficios”, señala el documento.

Por las anomalías encontradas durante la auditoría de cumplimiento, la Contraloría denunció en el Ministerio Público (MP) al entonces ministro de Desarrollo, Leonel Rodríguez; la ex viceministra de Protección Social, Wilda Regina Rivera, y a la directora de Asistencia Social, Debbie Alejandra Colocho Reyes, además impuso sanciones por Q2.8 millones.

Depuración

La CGC recomendó al Mides eliminar de la base de datos a los beneficiarios que no están en situación de pobreza o pobreza extrema y generar un procedimiento permanente para cruzar información con bases de datos de otras entidades públicas. También se indica que la cartera debe redefinir el programa para que las transferencias sean entregadas solo a beneficiarios en situación de pobreza real.

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