Publicado por Canal Antigua el 8 de cieimbre 2016
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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) inmovilizan una gruesa parte de su patrimonio inmobiliario bajo sospechas de lavado de dinero, aunque el delito de fondo es el enriquecimiento ilícito a partir de la acción política.
Igual que al expresidente y a la exvicepresidenta, a Sinibaldi se le busca despojar de la fortuna que construyó al tiempo que ejercía poder público o de forma paralela a la práctica política. Ese es el primer metamensaje de la acción de la justicia. Un mensaje que, al parecer, no disuade a quienes impenitentes llegan al poder a servirse.
El proceso inicia con la inmovilización, pero luego se persigue la extinción de dominio de los bienes. Y las propiedades que en una primera acción han quedado fuera de la mano de los fiscales, pero son reconocidas como parte de la fortuna del encartado (una extensa finca en zona protegida en Yaxha, Petén; otra finca en Izabal, un chalet en Río Dulce), también habrán de ser objeto de extinción más temprano que tarde.
Sabrá Dios cuándo lograrán las autoridades alcanzar los depósitos en cajillas de seguridad y certificados de inversión en bancos nacionales y extranjeros y si, alguna vez, será posible ubicar caletas de dinero. Que de todo eso la ciudadanía guarda expectativa cuando ve a los políticos perder sus propiedades, sin embargo, amargamente se dice “aún les queda el efectivo”.
La ruta para Sinibaldi es la misma que para Pérez Molina y Baldetti, a menos que, a diferencia de ellos, el exministro de Comunicaciones lograra demostrar la procedencia lícita de los fondos para incrementar su fortuna de Q3 millones declarados en 2003 a Q100 millones en 2011.
Solo que en ausencia, no hay para él línea de defensa. El escarnio de la persecución legal y el estigma que le dejan las acciones de la justicia, en cambio, nadie se los quita. Es una simpleza pensar que la CICIG y el MP actúan contra el patrimonio de Sinibaldi movidos por las más recientes acciones políticas del exministro.
La bancada que el titular de Comunicaciones logró articular en el Congreso, identificada como del partido Movimiento Reformador o MR, fue vital para impedir que Mario Taracena, aliado de la causa de Iván Velásquez y Thelma Aldana, fuera reelecto presidente del Legislativo.
La sustitución de Taracena ha permitido a los defensores del viejo régimen actuar de forma más organizada y planificada contra el esfuerzo por deconstruir el modelo de cooptación del Estado.
No obstante, un proceso como el que ahora se monta contra Sinibaldi no se articula en cuestión de dos meses. Y era lógico que la acción de la justicia se enfocara en él por haber sido uno de los dos cuadros principales del esquema de gobierno del expresidente.
Cuando Pérez Molina llegó al cargo dividió en dos grandes parcelas las mayores fuentes de riqueza del Ejecutivo. A Sinibaldi le dio el Ministerio de Comunicaciones, pero guardó para Baldetti los puertos, aeropuertos y la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La disputa entre ambos, que no solo peleaban poder de decisión sobre la mayor porción del presupuesto público sino la influencia sobre el gobernante y su atención individida, subsistió casi hasta el último día. Y fue fuente, en buena parte, del descalabro de la gestión. Una saboteaba al otro. El otro, le respondía.
En su prisión de la zona 18, Roxana Baldetti verá hoy cómo su antiguo competidor empieza a vivir, aunque de forma vicaria debido a su ausencia, lo que ella ha vivido en un año y medio. Si pudieran conversar, ella le explicaría gustosa lo que está por venir.
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