Ha trascendido que podría estarse tejiendo una confabulación contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presidido por Iván Velásquez, y el Ministerio Público (MP), presidido por Thelma Aldana, como consecuencia de los contundentes golpes morales que le han asestado al crimen organizado desde el 16 de abril de 2015.
Inequívocamente, la CICIG y el MP han dado la talla en esta lucha contra las bandas de la delincuencia organizada, que están enraizadas en Guatemala desde hace décadas.
Si bien la CICIG no es una entidad todopoderosa ni tiene recetas mágicas para erradicar la impunidad en nuestro país, reconocemos que ha venido apoyando y coadyuvando con las instituciones nacionales encargadas de la investigación y la persecución penal de los hechos punibles cometidos con ocasión de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operan en Guatemala, así como de otras conductas delictivas conexas con aquellos, como el contrabando, el lavado de dinero sucio, el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el soborno, el peculado, el fraude, etcétera, y trabajando en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, en función de la desarticulación de dichas organizaciones criminales y el castigo penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos.
Asimismo, la CICIG está transfiriendo capacidades a las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, MP, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Pública Penal, Sistema Penitenciario y Sistema Nacional de Seguridad), logró la institucionalización del colaborador eficaz, impulsó la creación de los tribunales de alto impacto, ha promovido la persecución penal por medio de las respectivas denuncias ante las autoridades competentes y se ha constituido en querellante adhesivo en procesos penales paradigmáticos o de alto impacto.
En todo caso, para ninguno es un secreto que las instituciones del sector justicia en Guatemala y, específicamente, la administración de justicia penal adolece de graves deficiencias y debilidades, que impiden que sea pronta y cumplida, debido principalmente a la ausencia de voluntad política para fortalecerla y, con ello, apuntalar el Estado de Derecho y el régimen de legalidad.
Por fin en Guatemala ha comenzado a temerse a la ley, a temerse a su aplicación inexorable, gracias, en gran medida, a la efectividad de la CICIG en su lucha contra el crimen organizado.
Por tanto, apoyamos irrestrictamente a la CICIG y al MP, y les pedimos que no cesen en su lucha contra las bandas del crimen organizado. El futuro promisorio de Guatemala depende de ello.
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