Por si todavía no lo sabe, es prudente que investigue antes.
“Para que los diputados no los pongan de rodillas” sentenció el presidente Morales, justificando su defensa, para otorgarles derecho de antejuicio a los gobernadores departamentales. Admitió que, a él le molesta que los del Congreso llamen a sus funcionarios a dar explicaciones de sus programas y a rendir cuentas de la manera en que gastan el presupuesto y, agregó, que esa propuesta la defenderá. De esta contradictoria manera, se desdijo de lo que había propuesto cuando presentó la iniciativa para hacer los cambios necesarios en la Ley en Materia de Antejuicio, junto con los presidentes del Organismo Judicial y del Congreso de la República.
Un gobernante, para consolidar la democracia y establecer un sistema de controles ante una corrupción gubernamental desbordada, no debiera fomentar políticas que otorguen a los funcionarios respaldos legales para eximirlos de señalamientos e investigaciones por manejos de los fondos públicos. Las determinaciones del presidente Jimmy Morales para combatir la venalidad, debieran ser todas encaminadas en el sentido contrario, a lo que ahora está expresando. Su función es para darles a los pobladores el derecho a fiscalizar, a quienes están gobernando y, a las instituciones de controles, las garras suficientes para atajar ángulos de discrecionalidad y de oscuros gastos. Por alguna causa la Constitución los define como funcionarios públicos y no el equipo de colaboradores políticos de un presidente.
El abuso que cometieron algunos diputados del partido oficial, en contra de la gobernadora de Alta Verapaz es discriminatorio y punible, pero nunca deberá ser el eje-pretexto para que el presidente Jimmy Morales enarbole una desgastada bandera y se abra la vía para blindar a los 22 gobernadores departamentales. Para limpiar el sistema que controla el cauce económico de los presupuestos municipales y de las gobernaciones es urgente e impostergable no continuar montados en ese mismo andamiaje y, tras ello, sacudirse abiertamente las expectativas de 15 millones de guatemaltecos que ya no pueden ni soportan vivir en los míseros espacios de negación, anulación de pobreza y de miseria a que esas conductas de redes saqueadoras estrangulan la vida de todo un pueblo.
El presidente, con esa equivocada defensa, transmite que él, como gobernante, todavía desconoce el marco impune, oscuro y sutil de corrupción en que algunos gobernadores se movilizan. Personajes, cuyas tendencias políticas y conductas personales son múltiples y tan variopintas como sus posibles niveles académicos, profesionales o de desenvolvimiento laboral y, ahora, local.
Por si todavía no lo sabe, es prudente que investigue antes. ¿Por qué cree que hasta en la más pequeña tienda de cualquier departamento funcionan unas maquinitas traganíqueles disfrazadas de dar premios, sin que nadie las recoja o las denuncie? ¿Por qué se vende licor en algunas tiendas si existe una ley que lo prohíbe? ¿Por qué se vende licor a menores de edad, en cualquier expendio, sin que no exista autoridad que se queje, existiendo una ley que lo prohíbe? ¿Por qué se bebe cerveza dentro de las tiendas, si existe una ley que lo prohíbe? ¿ Por qué, en los pueblos los altoparlantes se imponen a la vida tranquila de los vecinos, sin que una sola autoridad los detenga? ¿Por qué muchos prostíbulos se instalan en donde mejor les plazca a los proxenetas, sin que la autoridad ampare a los vecinos decentes? ¿Por qué se instalan bares con servicio de prostitución sin que algunos gobernadores gestionen algo para retirarlos de los vecindarios decentes? Que se pregunte, principalmente, ¿Por qué muchos orientales y gente que viene del Medio Oriente, luego pasan el examen de español y de historia de Guatemala, para sacar su residencia en el país? ¿Por qué algunos sindicalistas de las gobernaciones no trabajan en sus puestos? Y por último, ¿Por qué las gobernaciones manejan tantas inspecciones a criterio de sus trabajadores? ¿Por qué los gobernadores permiten la publicidad engañosa, y nunca controlan las engañifas y promociones telefónicas que se hacen en algunos medios televisivos y radiales, para engañar, a todas luces, al ingenuo consumidor?¿O se mira, en alguna parte, algún trabajo de cualquier gobernador en estos casos que la ley les ordena, y los vecinos le agradecerían?
Un gobernador puede comportarse honesta y honradamente y otros, pueden estar hundidos en la corrupción hasta el cuello, sin que no muchos lo sepan. Igual, nuestro sistema no lo percibirá, pero nuestro actual presidente debiera saberlo, como para animarse a meter las manos al fuego por ellos.
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