Cuando en el fragor de las movilizaciones sociales de 2015, los manifestantes radicalizados demandaban posponer los comicios generales, reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, prohibir la reelección, introducir la elección uninominal y permitir que comités cívicos postularan a candidatos a diputados distritales, entre otras propuestas, acaso pedían cosas inviables, pero sin duda apuntaban al corazón del sistema corrupto y querían ahorrarle a la nación el bochorno que sigue viviendo.
Es casi redundante escribir sobre el vergonzoso significado de ver al desnudo a la totalidad de los integrantes de una junta directiva del Congreso de la República, siete con solicitud de antejuicio, dos capturados y uno cuasi prófugo. La renuencia sistemática a tomar aquel camino radical permitió que los siete diputados, a quienes ahora el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala piden se les retire la inmunidad parlamentaria, obtuvieran votos y renovaran lo que creían su garantía de impunidad.
Los siete obtuvieron votos y ganaron las curules, pero ahora queda claro que no hubo elección sino reproducción del sistema corrupto que ayer, con pelos y señales, volvió a quedar al desnudo.
Porque, aparte de los bochornosos detalles plenamente documentados de las plazas fantasmas y las otras triquiñuelas, ¿qué descubrieron ayer MP-Cicig que la ciudadanía no supiera ya?
Lo vergonzoso de todo esto es, precisamente, que a sabiendas se les haya posibilitado buscar refugio impune en lo que, según una extendida aunque tal vez excesiva imagen popular, es una cueva de ladrones.
Sería irresponsable propalar, sin considerar matices y excepciones, aquella visión ciudadana. Pero más grave aun sería ignorar que, dado su profundo desprestigio, el Congreso de la República no constituye, hoy por hoy, la legítima representación del pueblo de Guatemala. Tuvieron los votos, cumplieron con la formalidad legal, pero no son legítimos representantes de la nación, pues está a vista la catadura de algunos de ellos.
Y no nos referimos solamente a los siete de ayer. Agréguese a los otros ocho congresistas sometidos a proceso de antejuicio por racismo y abuso de autoridad. Ellos también obtuvieron las curules con votos, pero, ¿tuvo Guatemala realmente la posibilidad de elegir?
La buena noticia es que, a través de la acción independiente del MP y con el apoyo de la Cicig, al menos una parte del Legislativo puede depurarse.
Ahora la brasa cae en el Organismo Judicial y en su momento en la Corte Suprema de Justicia. Es bueno que los integrantes de esta última no olviden que la ciudadanía tampoco olvida quiénes y cómo los eligieron
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