Muchos dueños de viviendas y negocios medianos y pequeños (farmacias, tiendas, librerías, talleres, panaderías, restaurantes, etcétera) en diferentes zonas de la Capital y de otras áreas urbanas, están abandonándolos debido a las graves extorsiones que les hacen mareros y pandilleros, al igual que está ocurriendo en El Salvador. Asimismo, no cejan las extorsiones y ataques contra propietarios, pilotos y ayudantes de buses urbanos y extraurbanos, así como del transporte de carga. 
Las extorsiones se traducen en presiones, mediante amenazas violentas sobre las víctimas, para que estas paguen ciertas sumas de dinero en forma mensual, a cambio de no ser agredidas. Generalmente, los delincuentes ejecutan sus amenazas cuando las víctimas no ceden ante sus requerimientos. Los ataques contra la vida, integridad personal y bienes de los extorsionados no se dejan esperar. Abundan los casos de salvajes asesinatos, violaciones, lesiones y robos que ilustran hasta dónde llegan estos criminales cuando los amenazados no les entregan los dineros que les son exigidos.
El dinero pedido oscila de acuerdo a los recursos aparentes con los que cuentan los extorsionados. Ha trascendido que las peticiones son en dólares estadounidenses y que oscilan entre US$400.00 (Q3,000.00) y US$5,000.00 (Q38,000.00) mensuales. Por supuesto, los requerimientos aumentan cada cierto tiempo al punto que para muchos extorsionados se vuelven prácticamente impagables, lo que puede traducirse en agresiones físicas contra los extorsionados o sus familiares, o, incluso, el asesinato.
Ha trascendido que en la cadena criminal se involucran policías corruptos, con quienes los mareros y pandilleros comparten el producto de las extorsiones. Esto impide que la fuerza pública reprima a los delincuentes con la contundencia debida. Los “agentes del orden vinculados” se limitan a capturar a algunos sin pruebas que los incriminen, lo que obliga a las autoridades judiciales a liberarlos casi inmediatamente. En fin, se presenta una suerte de “puerta giratoria” que todos los días desacredita y resta credibilidad a la justicia oficial. Inequívocamente, esta contaminación macabra de la Policía causa estragos en todo el sistema de seguridad y justicia, al extremo que la gente para defendiéndose por sí misma de la agresión de la delincuencia.
Pero volvamos a los efectos perniciosos del abandono de viviendas y negocios a causa de las extorsiones de los mareros y pandilleros. Los perjuicios sobre la economía son devastadores, ya que la gente pierde sus propiedades, posesiones y fuentes de ingreso, y se ve obligada a comenzar de nuevo en otro lugar o en otra actividad económica, con los costos que eso conlleva, y bajo la asunción falsa de que no va a ser extorsionada por otros delincuentes. Sin duda, la extorsión es el crimen de mayor incidencia en el país y debe ser combatida por el Estado con toda energía.
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