Los negocios con el Estado son amplios e inevitables, forman parte de la actividad económica general, y sus reglas del juego se extienden y reproducen en la sociedad. Directa e indirectamente explican la formación de grandes capitales. Sea por contratos directos con comisiones bajo la mesa, sea porque las reglas se escriben con dedicatoria para favorecer a un grupo. Como tradicionalmente los poderes contralores oficiales y no oficiales estuvieron bajo dominio, los escándalos eran flechas envenenadas dirigidas por la competencia que se sentía lesionada directa o indirectamente. Luego, claro está, se regulaba mediante sobornos y tráfico de influencias en el sistema de justicia.
El fin de las denuncias no era afirmar el Estado de Derecho, la justicia universal, ni golpear la impunidad como perniciosa regla no escrita, sino sacar del camino al intruso que se hacía del negocio, para que otro, en posición de poder, replicara el procedimiento: a veces descaradamente corrupto, a veces revestido de legalidad pero, igual, con las variables de la competencia anuladas. Por eso es que, a pesar de que los escándalos de corrupción nos han acompañado durante 30 años, en verdad no escarmentamos.
Un año es poco para aprender que esas viejas reglas del juego están cambiando. La variable independiente son fiscales e investigadores (MP y CICIG) que no están subordinados, ni son socios ni instrumentos coercitivos de las estructuras criminales. Ellos han trazado una línea impersonal y ciega (como se representa la justicia), pero a la mayoría de los actores involucrados no les cae el veinte. La fiscal Thelma Aldana lo constató: el Intendente Jurídico de la SAT fue testigo de primera fila del escandaloso proceso de La Línea y en el ínterin guardó casi Q 1 millón en efectivo que ya le pillaron. Lo mismo pasa con algunos diputados, funcionarios de gobierno y otros que manejan negocios públicos y sus contrapartes en el sector privado.
Como dijo el comisionado Iván Velásquez se están arriesgando a jugar la lotería de la impunidad. No existen las capacidades para perseguir a todos, pero tampoco esta vez los dados están cargados ni la lotería está cantada. Esa es la sana incertidumbre del poder independiente de la justicia: a cualquiera le puede caer, no importa su condición social ni su posición de poder. La otra parte que no se ha entendido es la lesividad. Al presidente Morales le dijeron que el periodo para declararlo ya caducó, pero no le corresponde repetirlo a él sino darle paso a la PGN. Tampoco es el momento de hablar de que la fiesta siga porque la terminal de contenedores de puerto Quetzal es necesaria. Claro está, las obras son necesarias, pero debemos aprender a actuar según las reglas de la transparencia, la competencia y el interés común, que es lo que dice la Constitución.
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