Nada de desarrollo, mucho menos de sostenible.
Las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG dan el espacio necesario y la oportunidad para que en el Congreso de la República, antes de continuar analizando el proyecto de ley de Desarrollo Rural, se haga un compás para que se analice, se revise y se haga un balance sobre lo positivo o negativo que ha sido para el país y para los teóricamente beneficiados, el funcionamiento del Fondo de Tierras, en el sentido que esa institución haya cumplido con la clara misión que le adjudicaron los Acuerdos de Paz, desde hace ya quince años. O si se ha utilizado su autonomía para que los amigos de los gobiernos de turno, los dirigentes políticos, se repartan los ejidos de tierras nacionales, y también para que los parientes y los compadres, salgan de tierras que ya no podían o no querían trabajar, transándolas, naturalmente, a precios sobrevaluados en los que algunos salen muy beneficiados menos los campesinos. Quince años de funcionamiento es un lapso suficiente para cuantificar los resultados y los beneficios que han significado para la vida y el desarrollo de las comunidades, en general, y para cada campesino, en particular.
La propuesta se hace imperativa ya que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con el apoyo de la CICIG, en el caso de las captura de Walter Mendoza y sus cuatro hijos, por haberse apropiado y despojado a campesinos de 28 fincas en los departamentos de Petén e Izabal, que la mayoría de ellas fueron obtenidas gracias a los dictámenes “arbitrarios e ilegales” elaborados por dos trabajadores de Fontierras en Izabal, utilizando los servicios de cuatro notarios que legalizaron el despojo.
El caso se convierte en un ejemplo importante y necesario para iniciar investigaciones acerca de qué papel han jugado otros empleados del Fondo de Tierras como facilitadores de reventas anómalas, convenciendo o abusando de la ignorancia de los campesinos, que ya han sido adjudicados con parcelas, para que las vuelvan a vender, a quienes se las andan disputando para extender sus propiedades. De ser así, sería el gana-gana más perverso que se hubiera imaginado un intermediario: Ganando comisiones para que Fontierras compre una propiedad, y convencer a los campesinos beneficiados, que se las vendan a un voraz comprador, como sucedió en el caso de Walter Mendoza.
Dentro del marco de los Acuerdos de Paz el Fondo de Tierras fue creado por el Decreto Ley 24-99 del Congreso de la República, como otra institución descentralizada del Estado. Determinado para seguir una Agenda Estratégica 2012-2025 que se fundamenta en cuatro ejes, dentro de los que el primero indica: “1.- Acceso a la tierra para un desarrollo integral y sostenible; 2.- Regularización de procesos de tierras del Estado, 3.- Desarrollo sostenible de las comunidades y 4.- Fortalecimiento institucional para responder a las aspiraciones sociales y mandatos legales. No se necesita ser un analista de la historia agraria del país para darse cuenta que de esos cuatro ejes nada se ha cumplido.
Para los campesinos que han salido beneficiados con las adjudicaciones de Fontierras, lo que se mira en varios casos, es que solamente se les entrega una parcela pequeña, un minifundio que nunca será rentable, y se les deja al amparo de Dios, en el más rotundo de los olvidos. Nada de desarrollo, mucho menos de sostenible. De su fortalecimiento institucional, nada se conoce. Solamente que en el 2014 manejó un presupuesto de 150 millones 855,561 quetzales. Pagó a la Contraloría General de Cuentas Q67,500 por servicios gubernamentales de fiscalización de 456 casos, según Decreto 49-96, Artículo 1. Imagínese usted, pagarle el servicio a un contralor, podría ser una fórmula para viabilizar lo legal y lo ilegal de sus acciones, conociendo cómo se gana la voluntad de algunos fiscalizadores gubernamentales.
El espejo más real de la falta de desarrollo para quienes se les entrega la tierra sin otros programas de apoyo es y seguirá siendo un engaño político, que ha redundado en más pobreza. Según la Cepal los niveles de pobreza en Guatemala, en los últimos cuatro años aumentaron del
53.7 por ciento al 59.3 por ciento. Valdría la pena cuestionarse: ¿Para quiénes han sido los beneficios de la compraventa de tierras que se entrega a los campesinos?
No Responses