El miércoles pasado, los diputados aprobaron, entre otras reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que el número de diputados al Congreso se eleve a 160.
Los Acuerdos de Paz, cuya Ley Marco ya fue promulgada, específicamente los Acuerdos sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática y sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, prevén un número fijo de 80 diputados al Congreso.
En 1994, el Tribunal Supremo Electoral, con base en el censo poblacional no actualizado, resolvió que los diputados a elegir debían ser 80 y no los ciento veintitantos que pretendía la partidocracia. Sin duda, esta decisión motivó a los firmantes de los Acuerdos de Paz a pactar un número fijo de 80 congresistas. Sin embargo, dado que antes de las elecciones de 1999 no se reformó la LEPP, en función de que el número de diputados no excediera de 80, los guatemaltecos nos vimos obligados a elegir 114 congresistas en 1999, es decir 34 más de los previstos en los Acuerdos de Paz; y dado que antes de las elecciones legislativas celebradas en el año 2003 tampoco se reformó dicha Ley, tuvimos que elegir 158, o sea 78 más de los previstos en los referidos Acuerdos de Paz.
Nuestra Constitución establece que el número de diputados al Congreso se fija de acuerdo con la población que tenga cada distrito electoral, debiéndose elegir, como mínimo, un diputado en cada uno.
En las elecciones legislativas celebradas en los años 2007, 2011 y 2015 se repitió la historia y tuvimos que elegir 158 congresistas, aunque hubieran sido más si el censo poblacional se hubiera actualizado. Es decir que contamos con casi el doble de los diputados previstos en los Acuerdos de Paz.
En nuestra opinión, dado que ya fue emitida la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, lo que les confiere validez legal a estos pactos, lo procedente es que se reforme la LEPP en el sentido que se elijan 80 diputados.
Por tanto, la decisión adoptada por el Congreso en el sentido de fijar el número de diputados en 160, además de causar malestar e insatisfacción entre la ciudadanía, supone un flagrante incumplimiento de los Acuerdos de Paz y una burla a la ciudadanía. De esa cuenta, el Congreso contará con el doble del número de diputados pactado y, por consiguiente, con el doble de asesores, viáticos, gastos de representación, comida, asistentes, viajes, vehículos, gasolina, mantenimiento, equipo, infraestructura física y materiales de apoyo, entre otros. En otras palabras, el doble del gasto público requerido.
Eso sí, nada de reformas estructurales como democratización interna de los partidos, elecciones primarias, sistema de elección uninominal, postulación de candidatos a diputado por comités cívicos electorales, prohibición de reelección de diputados, etcétera.
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