LOS ACCIDENTES OCURRIDOS en las últimas 24 horas demuestran el desprecio por la vida que existe en el transporte extraurbano de pasajeros. Entre el lunes y el martes pasados, se cuentan 68 heridos y 20 muertos en tres hechos lamentables que pudieron evitarse si existiera un transporte digno, supervisado por el Estado. Sin embargo, la Dirección General de Transporte (DGT) ha estado dirigida por corruptos que a cambio de dádivas de autobuseros se hacen de la vista gorda, mientras circulan en las carreteras del país unidades destartaladas, sobrecargadas y con cafres al volante. En Nahualá murieron 19 usuarios y 30 quedaron heridos al embarrancarse un bus; en Coatepeque murió otro pasajero y 16 quedaron lesionados al volcar una camioneta; y en Tecpán, 22 personas más resultaron heridas al volcar otro autobús.
ABORDAR UNA UNIDAD de transporte extraurbano es un atentado. Se sabe que la mayoría de autobuses ronda los 25 años de antigüedad, lo cual de por sí ya es un problema porque la vida útil son 10 años. Para acumular más ganancias, los empresarios no cambian llantas y se puede observar que están gastadas y lisas, mientras que el motor carece de mantenimiento, lo que lleva a fallas en el sistema de frenos, entre otros males. Los asientos desde hace mucho dejaron de ser cómodos y están con agujeros, mal olientes y oxidadas las partes metálicas. La DGT no lleva a cabo ningún control para evitar que las cafeteras en mal estado sigan circulando porque el objetivo es proteger a los autobuseros y no a los usuarios. Tampoco existen centrales de autobuses donde se extiendan boletos numerados.
OTRO TANTO OCURRE con los conductores. Se sabe que desde fines del año pasado los empresarios debían entregar a la DGT un informe de los pilotos que solo podrían laborar si tuvieran certificación del Intecap y saber exactamente los nombres de quienes conducen los vehículos. La realidad deja ver que los choferes contratados no tienen ningún nivel de cultura de tránsito, muchos de ellos manejan ebrios y están presionados por cubrir una cuota diaria que deben entregar a los propietarios de las unidades. El resultado es que los autobuses van a excesiva velocidad en la carretera y sobrecargados, porque lo importante no es la seguridad, sino que quepan más para cobrar más. Conducen como si llevaran cosas, no seres humanos. Tampoco hay inspectores en las carreteras que fiscalicen a pilotos, número de usuarios por bus y el estado de las camionetas.
CIFRAS DE LA PROPIA DGT señalan que circulan unos 19 mil autobuses extraurbanos en el país, pero de estos el 75 por ciento están en pésimo estado. Por supuesto, a partir de los últimos accidentes es seguro que esa dirección hará un show para verificar el estado de los buses, pero un mes después todo seguirá igual. Solo tratarán de tapar el sol con un dedo, porque el verdadero problema es la ausencia del Estado en el control del transporte. El Gobierno está llamado a subsanar un problema que tiene décadas de existir pero que requiere voluntad política para resolverlo. La solución no solo pasa por la renovación y mantenimiento del parque vehicular, la certificación de los conductores y la verificación del pago de seguro de usuarios, sino por un eficiente control de emisión de boletaje que permita conocer el número de usuarios por cada unidad y que facilite el pago de impuestos. No se vale seguir jugando con la vida de los guatemaltecos.
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