El Diccionario de la Lengua Española define extorsión como la “presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”.
Más allá del concepto, ese delito se ha convertido en una herencia de terror y luto para miles de personas en Guatemala y algunos países de América Latina, según estudios.
El miedo y la aflicción hace que muchas víctimas de extorsión no denuncien, pero en los últimos siete años, el MP ha recibido 50 mil 488 quejas de ese delito, según datos de esa entidad y el informe Entendiendo el Fenómeno de las Extorsiones en Guatemala, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El Organismo Judicial (OJ) reportó seis mil 105 casos en los juzgados de Primera Instancia Penal, y de esa cantidad se dictaron dos mil 604 sentencias —condenatorias y absolutorias—; es decir que 57 por ciento hechos aún están en proceso de ser resueltos.
Diferencia
Al comparar las denuncias recibidas entre el 2009 y el 2015 en el MP y el OJ existe una diferencia del 87.9 por ciento, o sea que la mayoría no llega a los juzgados.
La Fiscalía contra las Extorsiones explicó que la cantidad difiere porque los expedientes que ingresan no se trabajan por unidad, sino por estructura criminal y otros aspectos.
Aunque las cifras corresponden a los últimos siete años, el fenómeno surgió en la década de 1990, con la metamorfosis de secuestros y amenazas del crimen organizado.
“Con la era de la telefonía, que se dio en los primeros años del 2000, evolucionaron las comunicaciones en el mundo y el país no se quedó atrás. Esto facilitó a la población adquirir un móvil. Esto incluye a los pandilleros, quienes los usaban para exigir la extorsión”, explicó Stu Velasco, subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.
La División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Guatemala señaló que aunque el delito aparece en el Código Penal en 1973, no fue sino hasta después de la firma de los acuerdos de paz que proliferó el ilícito.
Agregó que, en 1999, el auge de la extorsión se dio con notas escritas y firmadas por células del Barrio 18, la Mara Salvatrucha y oportunistas —se hacen pasar por pandilleros y son quienes más extorsionan—, y se multiplicó en el 2002, con la intimidación a negocios, pilotos y residencias, a través de llamadas telefónicas.
Ante el terror y la angustia generados por ese delito, la población presionó a las autoridades y en el 2006 fue emitida la Ley contra la Delincuencia Organizada.
La norma incluye la asociación ilícita y exacciones intimidatorias —exigir la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte será sancionado con prisión—. “Con ello se da vida al término que se adecúa más al flagelo”, aseveró la división policial.
Cambios
Por las medidas penales y acciones policiales, las células criminales implementaron “nuevos” mecanismos para intimidar a sus víctimas. En el 2010 surgieron los ataques sistemáticos al transporte público hasta llegar al bombazo contra una unidad, en el 2011.
“A mi parecer, no es que evolucionen las operaciones; su objetivo es siempre causar terror en la población; usan lo mismo”, refirió un fiscal contra las Extorsiones, quien agregó que para frenar el delito se debe controlar el uso de móviles en los penales.
Testimonios
Más allá de los modos de operar y las acciones, están los daños psicológicos y económicos que los extorsionistas causan a sus víctimas.
“En 2009 regresaba de la escuela. Al entrar a la casa me comunican que nos están extorsionando”, narró Rosmery Salas*.
Ella vivía en un sector de la colonia Santa Faz, Chinautla. Detalló que su familia tenía una panadería y que tras 16 años de funcionamiento “nunca” les habían exigido dinero.
Recordó que los “pandilleros” les pidieron Q50 mil, y al no contar con esa cantidad prefirieron abandonar su casa. “Nos fuimos sin nada. De tener todo pasamos a vivir sin luz y encerrados, por miedo a que nos encontraran”, refirió.
Rosa Flores*, viuda de un piloto, relató que hace cinco años regresaba de recoger a su hijo en la escuela cuando le avisaron que su esposo estaba muerto por no haber pagaco la extorsión.
Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, informó que mil 822 pilotos han sido ultimados —2009-2015—; la mayoría, por no haber pagado extorsión.
*Nombres ficticios, por seguridad.
Primer caso de despojo
Según el informe Entendiendo el Fenómeno de las Extorsiones en Guatemala, del CIEN, el primer caso de extorsión que trabajó el Ministerio Público (MP) ocurrió en 2009. Se trató de una denuncia de Transportes Rutas Josefinas.
En el proceso, los fiscales utilizaron métodos especiales de investigación establecidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada. “Las escuchas telefónicas permitieron recabar información para lograr entender el delito de la extorsión, la logística que conlleva, la magnitud del fenómeno y la organización de las pandillas invocadas”, indica el documento.
MP desarticula 12 células
La Fiscalía contra las Extorsiones del MP reportó que el año pasado desarticularon 12 células de las estructuras criminales que operan en el país —Barrio 18, Mara Salvatucha y oportunistas—.
“En total, 286 personas fueron capturadas en 2015, relacionadas con las extorsiones”, manifestó personal de la Fiscalía. Se aseveró que la mayoría de los capturados operaban en el Barrio 18.
Los fiscales consideran que la denuncia de la población es una contribución a ese trabajo, por lo que recomiendan denunciar las extorsiones al 1574, que utilicen la aplicación móvil o acudan a la Fiscalía.
Más de mil 500 familias
“Se puede calcular que cada año más de cien familias son afectadas por las extorsiones.
La cifra registrada hasta 2010 era de 600 y subió el año pasado a unas mil 500 familias”, informó Lilian Maribel Pérez, presidenta de la Asociación de Viudas de Pilotos del Transporte Público de Guatemala.
Agregó que la entidad fue creada para velar por la reparación integral a las viudas e hijos de pilotos que han sido ultimados.
La Asociación recibe apoyo reducido de las autoridades. “Se ha buscado ayuda en los programas sociales y no se ha tenido respuesta”, afirmó Pérez.
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