Ante la elección de nuevos Magistrados

La Corte de Constitucionalidad no existía en Guatemala antes de que nos diéramos el orden constitucional de 1985, orden que nos rige desde entonces y que fue reconocido como legítimo por la insurgencia armada, el principio del fin del conflicto que vivimos.

El sistema de control de constitucionalidad que establecimos es un buen sistema y bien vale la pena que sepamos comprenderlo y respetarlo, reconociendo que también tiene errores que debemos corregir, tal, por ejemplo, el de que los Magistrados Suplentes puedan litigar: Jueces y parte… ¡Absolutamente inaceptable!

Entre sus aciertos, la forma de elegir a sus integrantes, propia de la naturaleza distinta de las instituciones que lo hacen.

Ninguno de los Magistrados “representa” a la institución que les elija, instituciones con las que no conservan cordón umbilical alguno. Sin embargo, tal la intención del legislador constitucional, surgen como una expresión de las mismas y, así, lógico es que los abogados que integran el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala le aporten un Magistrado que sea la expresión del libre ejercicio profesional, tal el caso los abogados Boanerges Mejía y Oscar Cruz, ambos de reconocida trayectoria.

La elección “bipolar” (aparte la de titulares que la de suplentes) es absurda y responde a la perversión del libre ejercicio profesional que conservan los suplentes.

Julio Dougherty, si electo, tiene las calificaciones para hacerlo, llamado está a ser un ejemplo de suplente: ninguna otra ocupación, que Magistrado, lo que también se esperaría de María Cristina Fernández, más conocida como jueza.

La expresión académica fue encomendada por los legisladores constitucionales al Consejo Superior Universitario y lógico será que el Magistrado que elija sea una viva expresión de la academia. (Error, si, que solo nuestra carolingia participe). La descalificación que se pretende hacer de Francisco De Mata Vela, valga la digresión, sospechosa infamia.

La Corte Suprema de Justicia –con acierto– ha dado ya su expresión esperada, la de la administración de Justicia –válidos tanto Neftaly Aldana como María Consuelo Porras Argueta–.

Vale la pena, sin embargo, una obligada prevención: “ser una expresión de” no implica que la Corte tenga que elegir a Juez o Magistrado, el Congreso a diputado, el Presidente a Ministro o la Universidad a funcionario docente suyo.

Del Congreso de la República –órgano político por excelencia– el pueblo en él representado, se espera una expresión política –resultando ridículo e inconstitucional el remedo –la caricatura– de la puntuación que se ha inventado, acto que es contrario a la Constitución de la República.

Gloria Porras, además de excelente jurista, constituye una clara expresión jurídico-política y de independencia probada: su voto en contra de la inscripción de Sandra Torres, por ejemplo, criterio el suyo que no comparto, vino a confirmarla: la tacha esgrimida en su contra más que tacharla, la agiganta.

Como Gloria Porras, María Eugenia Morales de Sierra, carta probada.

Los diputados se deben a sus electores y preguntarse, así, a quién querría su elector de Magistrado.

La discusión en el Congreso debe ser parlamentaria: absolutamente pública y profusamente debatida.

Probados, también, conocimiento y agallas –tendencia distinta– Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto –considerables por el propio Congreso pero –también– por el Presidente de la República –institución – la Presidencia– también política y responsable ante un electorado.

Las decisiones del Presidente de la República en Consejo de Ministros –así ocurre en todo el mundo–: a puerta cerrada.

La opción de José Luis González Dubón –libertario y definido– válida también: ¿Sería esta la de su electorado?

El Presidente de la República representa la unidad nacional y habrá de sopesar –tiene el derecho y la obligación de hacerlo– cómo es que la sirve de mejor manera – me explico: el Magistrado que designe, un Magistrado de equilibrio o –más bien– un Magistrado que venga a equilibrarla: decisiones, las dos, absolutamente válidas y propias de la función que le compete.

Cuando el Presidente tome su decisión, las otras instituciones habrán ya decidido y la suya será –en consecuencia– la decisión que, quizá, venga a definirla: conservadora, liberal, estatista o libertaria.

Nuestra Constitución –pacto de paz social entre nosotros– estableció un orden constitucional que no hemos sabido desarrollar, aquilatar, respetar ni cumplir.

Bien vale la pena que empecemos.