Necesaria decencia para que funcione la ley

Hoy que se ha lanzado este tsunami de reformas a distintas leyes, como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Servicio Civil, Ley Orgánica del Congreso y decenas más, como respuesta a los vacíos que debilitan múltiples instituciones nacionales, queda en evidencia el desastre del desempeño personal de las mayorías perversas que han llegado a controlar las instituciones públicas en los últimos años.

Si vemos hacia atrás, la mayoría de instituciones que iniciaron su función en el marco de la ley específica recién estrenada, tuvieron inicialmente una gestión favorable y reconocida por sus efectos positivos en los periodos inmediatos a su vigencia. Ejemplos hay muchos; desde la Ley Electoral y de Partidos Políticos, (1985) y el magnífico desempeño de los magistrados de aquella época, la creación de las Comisiones de Postulación, (Constitución Política, y Decreto 19-2009) que satisfizo las expectativas ciudadanas en la escogencia de candidatos a los cargos respectivos; la ley de la SAT, Decreto 1-98, también pareció llenar los requerimientos necesarios para un desempeño idóneo en sus primeros años, pero luego, todo se desvirtuó. Jugarle la vuelta a la ley y a la decencia se ha convertido en la conducta de moda y es la estrategia común.

Cabe preguntarse; ¿será culpa de la ley la escalada desastrosa que ha deteriorado el desempeño institucional? La respuesta es obvia. Es prácticamente imposible crear una ley ideal que cierre el paso a toda estrategia del presente y del futuro dispuesta a evadir la normativa y a burlar el mandato establecido. Siempre hay sujetos “listos” que encuentran la forma de ignorar las obligaciones que competen a cada institución.

Es imposible marcar en la letra muerta de la ley, todos los pasos a dar para garantizar su cumplimiento y los resultados de la gestión que corresponde. Por ello, nuevamente preguntemos, ¿cuánto de la situación que hoy se enfrenta será consecuencia de legislación deficitaria y cuánto simplemente es consecuencia del deterioro perverso y traidor de las autoridades y empleados que solo han buscado el enriquecimiento personal?

Vinculado al tema del momento, cabe aludir a la declaración de la Fiscal General, respecto al necesario incremento presupuestario para el sistema de justicia y en especial para el Ministerio Público, órgano determinante para recuperar un Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de todo ciudadano. Es innegable que la presencia del MP y demás instancias requeridas para proveer el acceso a la justicia de los ciudadanos, debe multiplicarse pero un punto es claro: Las propuestas de reformas y cambios deben partir de los expertos y de las instituciones nacionales, como los Tanques de Pensamiento objetivos, organizaciones civiles conocedoras del tema y expertos reconocidos por la sensatez de sus análisis y no de representantes del cuerpo diplomático en el país cuya obligación es observar la disposición de “No intervenir en los asuntos internos del Estado receptor”.

Otra historia es la reflexión sobre la importante gestión del Comisionado de CICIG, Iván Velásquez, porque lo que es una realidad, es que la lucha contra la corrupción, es condición indispensable, como punto de partida para poner freno a la carencia de recursos y el latrocinio que ha penetrado ferozmente en el país. Las leyes no van a dar los resultados deseados mientras las autoridades no asuman sus cargos con la decisión de cumplir su mandato y servir al país.