Pisa retiró Q5.1 millones en efectivo mientras el IGSS aprobaba contrato

Los ejecutivos de Droguerías Pisa de Guatemala requirieron a su operador bancario movimientos millonarios de efectivo durante noviembre y diciembre de 2014. El más voluminoso –Q4.6 millones– ocurrió una semana antes de la suscripción del contrato con el Seguro Social para la provisión del servicio de diálisis peritoneal.

La trama financiera se explica en un informe elaborado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con base en información y una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, al que tuvo acceso elPeriódico. Ese documento forma parte de las pruebas que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) incorpora en la acusación contra los 17 señalados de participar y avalar la contratación anómala entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y Pisa, que derivó en la muerte de pacientes renales.

El informe detalla que Pisa, por medio de cartas firmadas por sus representantes legales Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Carlos Alberto Revolorio Galindo, solicitó al banco dos retiros en efectivo –uno por Q500 mil y otro por Q4.6 millones, en total Q5.1 millones– en billetes de Q200 para pagar planilla.

Sin embargo, la compañía canceló un promedio de Q250 mil y Q329 mil mensuales por salarios entre enero de 2014 y mayo de 2015, de acuerdo con los reportes de las aportaciones que efectuaba al Seguro Social. Así, en un solo mes, Pisa solicitó el equivalente para pagar los salarios durante un año y ocho meses de operaciones.

Las cuentas que no cuadran

Además, a los analistas financieros les surge la duda de por qué Pisa requirió el traslado de dinero en efectivo en un vehículo de valores hacia sus oficinas en la zona 13 capitalina, si la compañía cuenta con el servicio de Netbanking, que le permite efectuar depósitos a sus trabajadores.

El primer desembolso por Q500 mil fue entregado a Ortiz Lorenzana y los Q4.6 restantes a Edgar René de la Peña Archila. Ambos exdirectivos de Droguerías Pisa fueron acusados por asociación ilícita y cohecho activo.

En la audiencia de primera declaración contra los sindicados, la fiscalía proyectó la fotografía de una reunión entre Otto Fernando Molina Stalling (exasesor del Seguro Social); Herbert García Granados y De la Peña, quien se desempeñaba como gerente de Pisa.

    Integrantes de la Junta Directiva del IGSS y representantes de Pisa están involucrados.

El abogado de los exdirectivos de Pisa, David Pineda, indica que hasta el momento la fiscalía no le ha imputado a sus patrocinados algún delito relacionado con esos movimientos de dinero, por lo que no forma parte de su defensa ni puede pronunciarse al respecto. “El MP no relaciona ese dinero con el cohecho, ya que la acusación refiere que el soborno fue para lograr la adjudicación del contrato, que fue en octubre”, añade.

En varias oportunidades se buscó comunicación con la compañía, pero no fue posible obtener su versión sobre los desembolsos de efectivo.

El informe financiero fue mencionado durante la etapa intermedia, en la que la FECI presentó los elementos para que la judicatura resuelva si envía o no a juicio a los acusados. La fiscalía argumentó que las transacciones realizadas por la compañía fueron paralelas a las llamadas intervenidas a Molina Stalling  y García-Granados.

En esas conversaciones telefónicas se refieren a los porcentajes de comisión que recibirían a cambio de conseguir la aprobación del contrato, según las interpretaciones del MP. En estas hacen referencias a que debía ser “de 15 a 16 por ciento”.

Se atrasa resolución

Silvia de León, titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, suspendió la audiencia en la que resolvería si los implicados deben enfrentar juicio, debido a que no fue posible encontrar una sala para llevar a cabo la audiencia. Además, algunos de los abogados no pudieron asistir a la diligencia. La jueza aplazó para este día la continuación de la etapa intermedia, en la que se tiene previsto conocer el futuro de los sindicados.

23 Son los involucrados en el caso  IGSS-Pisa.