Pacto Colectivos: pesado lastre

Más allá del enojo que causa saber que un conserje del Congreso gane más que un profesional con maestría trabajando 12 horas al día, o; que un tomador de tiempo en la empresa portuaria gane lo suficiente para tener como instrumento de trabajo un Rolex Chronograph Special Edition, de grafito con incrustaciones de platino; el principal problema con la negociación de los pactos colectivos dentro del sector público es la aparente falta de límites y congruencia en lo que se negocia dentro de los mismos. El pueblo está cansado de pagar las facturas de lo que acuerdan políticos oportunistas y voraces líderes sindicales. Negociación en la cual ninguna de las partes representa los intereses del pueblo de Guatemala; un perverso mecanismo que no garantiza que los onerosos términos de lo pactado se transformen en mejores servicios públicos o en un servicio civil más efectivo y productivo.

En un estudio realizado por CIEN a finales del año pasado se estimó que el costo anual de los pactos colectivos dentro del sector público, como mínimo, ascendió a Q6.4 millardos durante 2015. Es decir, un nueve por ciento del total de gasto presupuestados para ese año y un 48 por ciento de todo lo presupuestado bajo el rubro de sueldo y salarios. Es decir, de cada Q1 que el gobierno central paga por concepto de sueldos y salarios, se incurren en gastos adicionales por Q0.48 debido a estos pactos. Los políticos de turno, que son quienes se comprometen en nombre del Estado de Guatemala a cumplir con lo pactado, carecen de incentivos para entrar en costosas y desgastantes negociaciones con un movimiento sindical dispuesto a recurrir a las medidas de hecho, movilizaciones públicas y demás formas de presión mediática y social para conseguir sus objetivos; los líderes sindicales, por su parte, conocedores de esta débil posición negociadora de la contraparte, tienen todos los incentivos para exigir todo tipo de beneficios y ventajas económicas para sus agremiados y sí mismos.

En las circunstancias actuales, las nuevas autoridades, como mínimo deberían cumplir con la obligación legal de obtener el dictamen favorable del Minfin ante cualquier nueva negociación colectiva que pueda presentarse en el futuro cercano. Obligación que también debería cumplir cualquier nueva iniciativa de similares resultados, tal como la iniciativa de Ley de Incremento Económico a las Jubilaciones de los Beneficiarios de las Clases Pasivas del Estado. El gobierno central no puede, ni debe, seguir absorbiendo este tipo de cargas financieras, sobre todo cuando resultan imposibles de reducir por tratarse de derechos adquiridos, incluso en el caso que alguno de estos pactos se declararan lesivos para los intereses del Estado. Sobre todo, ya que las necesidades de fondos derivadas de este tipo de negociaciones carecen de la legitimidad mínima para pensar que pueden trasladarse al bolsillo de los contribuyentes. Este no es un problema de una baja carga tributaria sino de una alianza profana entre políticos oportunistas y voraces líderes sindicales.