¿Cómo castigar a los diputados tránsfugas?

Siempre he sostenido que el principal síntoma de la decadencia de la partidocracia en nuestro país es el transfuguismo político, que ocurre cuando los políticos cambian de partido o de bando, para no perder posiciones de poder o para reposicionarse. El transfuguismo, además de que es una burla al electorado, pone de manifiesto no solo la ausencia de ideologías, principios, valores y proyectos, sino que también la politiquería, sustentada en el cinismo, la codicia, la intriga, la deslealtad, el parasitismo y la bajeza.

En general, los individuos que se pasan de un partido o bando a otro solo están interesados en beneficiarse personalmente y no en el interés general. De ahí que en lo que menos piensan los tránsfugas es en la salud de la nación y en la realización del bien común.

Por consiguiente, no debe sorprender que la percepción ciudadana de la acción política es que no se rige por convicciones, compromisos y coherencias, sino que, por el contrario, las decisiones políticas obedecen a los intereses creados, las conveniencias y la política práctica. En dos platos, los politiqueros dan rienda suelta a la ambición, la inmoralidad, la lenidad y el abuso, y no saben de integridad, autenticidad y decencia.

El transfuguismo también es el resultado de la desnaturalización de la negociación política, la que, lejos de responder al bienestar general, se ha convertido en fuente de cambalaches (compra de voluntades y cargos, intercambio de favores por votos o apoyo político) y de sórdidos contubernios que se traducen en enriquecimiento ilícito, corrupción e impunidad.

En fin, el transfuguismo es un ejemplo elocuente de que en el reino de la politiquería, regido por el uso y abuso de poder en función de servirse y no de servir, todo se reduce al tanto más cuanto, a quien promete o da más, así como a un patético rentismo a base de dádivas, favores, influencias y transas.

En el proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que el Congreso envió a la Corte de Constitucionalidad para dictamen, se propone que los diputados tránsfugas no puedan integrarse a otras bancadas partidarias ni acceder a cargos en el Congreso. Sin duda, una sanción muy benigna.

Algunos proponen la sustitución de los funcionarios electos tránsfugas por parte de los partidos que los postularon como candidatos. Sin embargo, esto no es posible jurídicamente, porque la función pública no es ejercida por representantes de los partidos, sino que por los electos a título personal y bajo su responsabilidad individual. Esto último es congruente con el precepto constitucional que afirma: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno”. En definitiva, pues, no podría aceptarse que un tránsfuga pueda ser reemplazado por otro que responda al partido que postuló al tránsfuga como candidato.

En mi opinión, la manera de atacar con legitimidad y eficacia el transfuguismo es dando al electorado la potestad de castigar a los tránsfugas a través de la adopción de dos mecanismos democráticos: El sistema de elección uninominal y el referendo revocatorio. El primero garantiza la competencia electoral directa entre candidatos y no entre planillas en tantos distintos como cargos de elección popular se disputen, lo que complicaría a los tránsfugas volver a ser electos en sus distritos. El referendo revocatorio, a su vez, confiere el poder al electorado de revocar el mandato popular al tránsfuga transcurrido la mitad del período de funciones.