Baldizón financió su campaña con el subsidio al transporte

El 13 de noviembre del 2007 llegó a la Dirección Legislativa del Congreso una carta firmada por Manuel Baldizón. Era el diputado que acababa de ser reelecto y presidía la poderosa Comisión de Finanzas, la sala encargada de revisar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para el año 2008. La carta y un disquet llevaban las modificiaciones para el proyecto de ley, que incluían muchísimos rubros.

Resaltaba el punto 6 del artículo 44: Asignaciones Especiales. En las Obligaciones a cargo del Tesoro estaban incluídas desde donaciones a oenegés propias hasta un aporte adicional para la Asociación de Transportistas de Autobuses Urbanos. De Q75 millones se subía a Q226 millones y se agregaban Q65 millones al Fideicomiso al Transporte. Una diferencia de Q216 millones (casi US$30 millones) que iban a ser administrados sin contrapesos ni fiscalizaciones por Luis Gómez.

Lo mismo ocurrió un año después. El 17 de noviembre del 2008, Baldizón todavía presidía la Comisión de Finanzas y presentó el dictamen con nuevos aportes para esos empresarios. El artículo 63 del dictamen incluyó cambios para el transporte. De los Q181 millones originales para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Baldizón aumentó en Q41 millones como aporte extraordinario y Q29 millones para la movilización de las personas de la tercera edad. En total, Q251 millones sin contrapesos ni fiscalizaciones para el fondo administrado por Luis Gómez.

En noviembre de 2009, ya fuera de la UNE y de la Comisión de Finanzas, Baldizón y el Partido Patriota se opusieron a que el gobierno de la UNE aprobara un nuevo presupuesto y tuvo que repetirse el mismo que incluía el subsidio de Q251 millones al transporte, que se mantuvo intacto en 2010. En noviembre de 2011, con la victoria de Otto Pérez Molina, el subsidio aprobado para 2012 se mantuvo en Q235 millones.

Antes de que Baldizón presidiera la Comisión de Finanzas, el presupuesto no incluyó asignaciones especiales para Luis Gómez ni los transportistas afiliados a la AEAU. El exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, denunció en su libro que ese reordenamiento del presupuesto de Baldizón estaba dirigido para intereses de los diputados y sus partidos.

Así empezó una relación que ocho años después convertiría a Luis Gómez –según diputados propios y ajenos al partido Libertad Democrática Renovada (Líder)– en uno de los recaudadores de fondos para las campañas presidenciales de Manuel Baldizón. Unas campañas presidenciales que siempre transgredieron la ley. Además de hacer campaña anticipada, la oenegé Acción Ciudadana calculó que gastó el doble del techo de campaña entre 2012 y 2015. Y el techo de campaña eran Q58 millones. O sea que en total gastó más de Q115 millones en 2015. Parte de esto fue con fondos públicos, desde el IGSS hasta el transporte público.

Pero Baldizón siempre fue creativo para sortear la ley. En 2011 pensó en un plan B: un partido satélite, con los mismos colores, que lo postulara en caso de emergencia, que desacreditara adversarios o que hiciera campaña por él cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiera los gastos de campaña de su partido. Éste se llamaba Corazón Nueva Nación (CNN) y estaba liderado por uno de los subalternos más fieles: el coronel Otto Bernal Ovando.

La empresa de Bernal, contratada con el subsidio

Otto Bernal Ovando era una pieza en el tablero de Manuel Baldizón desde antes.

La empresa Protección Metropolitana, S.A. tiene como secretario del Consejo de Administración a Otto Bernal Ovando. El mismo excandidato presidencial de CNN, el partido satélite y luego aliado de Líder. Y es su empresa familiar. El representante legal de Protección Metropolitana es Juan Francisco Bernal Ovando, su hermano. Se dedican a prestar servicios de seguridad privada, vigilancia y custodia de personas y bienes.

En el portal de compras del gobierno hay registros de 257 negocios con el Estado en 10 años, por los cuales ha ganado Q258 millones –incluidos Q115 millones sin licitar en el Renap en 2014. Pero se remonta a 2010 cuando se firmó el primer contrato con el subsidio al transporte. Q64 millones. El contrato especificaba 2,000 mil agentes para ocho meses.

En el 2011 ese contrato aumentó a Q88 millones por la misma cantidad de agentes de seguridad prestando sus servicios en once meses. Ese grupo de 2,000 hombres armados sería denominado Fuerza Permanente de Seguridad del Transporte Urbano y, según el contrato la seguridad debía estar de lunes a domingo, las 24 horas del día.

Entre 2010 y 2011, Q152 millones del subsidio al transporte administrado por Luis Gómez irían a parar a una empresa de Otto Bernal, un aliado de Baldizón.

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Se intentó obtener la versión de Bernal durante semanas, pero fue imposible.

Sociedades y un rólex

El financiamiento desde el círculo de Luis Gómez a Baldizón no termina ahí. Teleski, S.A., y Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S.A. fueron dos de las empresas que Líder reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como financistas de campaña. Q2.6 millones y Q3 millones en 2015.

En ambas empresas era gerente Marce Gabriela Lossi Hernández. Ese nombre pasaría desapercibido si no fuera porque también es administradora única de Televisión Interactiva y Regional T.V., sociedades anónimas en las que Reina María Gómez González figuraba como administradora única. Reina Gómez es la hermana de Luis Gómez. Todos esos estatus aparecen cancelados en el Registro Mercantil.

Por otro lado, la segunda empresa financista de Baldizón, Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, está ubicada en el Edificio Ilumina en la Calzada Roosevelt 33-86 zona 7. Es el mismo lugar en el que operan Agroindustrias Santa Cruz, S.A. e Industria Ganadera Los Portales, S.A., dos empresas a nombre de Luis Gómez.

Con Baldizón fuera de la contienda y ocho años después del inicio del subsidio desde partidas presupuestarias en el Congreso, la Contraloría de Cuentas denunció a la directiva de la Asociación de Transportistas por el manejo de Q121 millones. Y la Procuraduría General presentó un oficio a la Fiscalía contra la Corrupción en donde dice que no existe un fundamento jurídico que justifique que el Estado entregue ese aporte a una empresa privada con fines lucrativos.

En una entrevista en Prensa Libre, Luis Gómez aseguró que llevan dos años sin recibir el subsidio. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público en la Procuraduría de Derechos Humanos, confirmó la falta de pago, pero criticó que alrededor de mil unidades por las que se cobra el subsidio no circulan, y que cuando la gasolina bajó de precio (de Q35 a Q17), los transportistas cobraron lo mismo y obtuvieron más ganancias.

La supuesta crisis del subsidio no ha llegado a Luis Gómez, que en octubre acompañó a su amigo Manuel Baldizón de compras en la tienda Rólex en Miami. Unos accesorios que pueden costar Q60,000, más de dos años del salario mínimo guatemalteco.