Cuatro de los centros hospitalarios públicos más importantes del país, el Roosevelt, el regional de Quetzaltenango, el departamental de Jutiapa y el nacional de Amatitlán, tienen suspendidos sus servicios de atención de consulta externa. A ellos podría sumarse, hoy, el hospital general San Juan de Dios.
Este es el capítulo más reciente de una prolongada crisis del sistema de salud del Estado, que ha impactado con particular fuerza a la red hospitalaria dependiente del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Es una crisis que la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) describe como la más grave que se haya podido documentar. Calificativo en sí mismo relevante, puesto que si hay una institución en el país que haya lidiado de forma prolongada con el MSPAS y sus problemas, esa institución es la del PDH.
De acuerdo con las denuncias hechas ayer por médicos y trabajadores de los centros hospitalarios que se encuentran en paro parcial, las causas inmediatas de este nuevo capítulo de la crisis son los atrasos en los pagos de salarios y el continuado desabastecimiento de medicinas y otros insumos, necesarios para la atención de los pacientes.
En realidad, según documentan los informes de supervisión practicados por la PDH, en la crisis se combinan insuficiencia de personal médico y paramédico, recargo de trabajo para el personal de los hospitales, insuficiencia presupuestaria, retrasos recurrentes en las entregas de recursos para pago a proveedores y, como consecuencia, desabastecimiento crónico tanto de insumos médicos como de alimentos para los pacientes internados.
El informe de la PDH pone el dedo en una herida especialmente sensible: la del destino seguido por cuatro mil 548 millones de quetzales entregados por el ministerio de Finanzas Públicas al MSPAS de enero a septiembre de este año. ¿A dónde se fueron esos multimillonarios recursos y por qué, a pesar de su erogación, la crisis ha continuado agravándose.
A finales de septiembre pasado, cuando el presidente Alejandro Maldonado Aguirre tenía apenas un día de haber nombrado al actual titular del MSPAS, Mariano Rayo, señalamos en este espacio que no sería dable esperar que pudiera subsanarse en pocas semanas una calamidad gestada a lo largo de muchos años.
Sin embargo, advertíamos, el realismo no exime al gobierno de “la obligación institucional, moral y política de actuar para evitar que la situación se siga deteriorando, para restablecer y garantizar la prestación de los servicios que se ha dejado de ofrecer a la población, así como para intentar identificar las rutas estratégicas por las cuales empiece a caminar el gobierno que asuma en enero de 2016”.
Nada de eso ha ocurrido. Tal parece que a Maldonado Aguirre y a Rayo Ovalle la camisa les quedó muy grande, y el tiempo, demasiado corto.
Publicado el 10 de noviembre de 2015 en www.s21.com.gt por Editorial Siglo 21 http://www.s21.com.gt/editorial/2015/11/10/crisis-suma-sigue
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