El TSE aún tiene tareas pendientes

A fin de evitar la toma de posesión de quienes se encuentran en irregularidad jurídica, el TSE está en la obligación de presentar su veredicto final acerca de estos casos. Una de las exigencias de los ciudadanos guatemaltecos en las manifestaciones pacíficas y ejemplares, antes del proceso eleccionario, fue precisamente el cese de acciones ilegales y/o complacientes con quienes llegan al poder sin cumplir las condiciones dictadas por las normas electorales.

A nadie escapa la necesidad de que el TSE compare las informaciones derivadas de los documentos y contratos existentes en la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria, al respecto de las declaraciones de quienes son sospechosos de no estar en ley. Tampoco se puede olvidar que esa actividad debe hacerse con cuidado, aunque en otros haya situaciones incriminadoras a causa del pasado lejano, mediato o inmediato de las personas bajo investigación. Al mismo tiempo, es fundamental tomar en cuenta que las condiciones actuales del país obligan a reducir el tiempo de las pesquisas, a fin de que estén terminadas y resueltas antes del 14 de enero próximo.

Las investigaciones periodísticas indican con claridad quiénes son los acusados, cuál partido los cobijó para ser candidatos y cuál es el historial de ellos, tanto en los casos de reelecciones como de primera ocasión en que lleguen a puestos para los que se debe participar en comicios. Entre las razones adicionales para ser cuidadosas, las autoridades no deben olvidar la conveniencia de tomar en cuenta lo señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como entidades representantes de la sociedad civil.

Son simples de definir los primeros pasos en esa forma distinta de hacer gobierno que los guatemaltecos exigieron primero en las plazas públicas y luego en las elecciones. Son además conocidos o intuidos por los ciudadanos, porque responden a la lógica más simple. Nos referimos a la aplicación de la ley en forma serena y sin aspavientos ni excepciones, que en nuestro medio siempre son producto del compadrazgo, el abuso político y demás formas del ejercicio de los cargos oficiales en el país.

En anteriores ocasiones, el Tribunal Supremo Electoral ha tomado decisiones que señalaron el rumbo: impedir la participación de Sandra Torres en la elección de hace cuatro años, por ejemplo. Un Congreso y un sistema de alcaldías depuradas sin duda facilita el trabajo del próximo gobierno, y además es necesario. La máxima entidad de elecciones en el país tiene toda la fuerza legal para actuar. Sus integrantes necesitan, eso sí, tener conciencia de la necesidad de hacerlo con toda la voluntad cívico-política implícita e indispensable en esa institución.