A pocas semanas de concluir esta legislatura, el tema pendiente sigue siendo la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos sigue siendo la deuda de los diputados en esta legislatura. Pese al clamor ciudadano que exigió un cambio en las reglas del juego no se ha logrado darle luz verde al proyecto. Actualmente, la propuesta se encuentra en opinión consultiva en la Corte de Constitucionalidad (CC) para luego retornar al Legislativo y concluir su aprobación.
El proceso estuvo accidentado desde el inicio, los diputados aprobaron las primeras dos lecturas con la presencia de 80 diputados cuando la ley establece que son 105 debido a su rango constitucional. Esto provocó que los magistrados de la CC exigieran enmendar el procedimiento. Si bien los diputados corrigieron los errores, varias Organizaciones de la Sociedad Civil y sector privado sacaron a luz las debilidades del proyecto.
La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), conformada por varias entidades, detectó que la propuesta dejó de lado aspectos valiosos y prioritarios como el fortalecimiento a la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la democratización de los partidos políticos.
Entre los casos ejemplificados se encuentra el financiamiento de los partidos políticos donde se establece que éste deben provenir de fondos estatales. El análisis de ATAL concluye que el apoyo económico debe ser público y privado, pues si el Estado asume toda la responsabilidad, esto afectaría cada cuatro años el presupuesto nacional.
Otro punto detectado fue el prohibir el transfuguismo dentro del Congreso los tres primeros años de la legislatura y permitirlo durante el último pues esto resulta contradictorio. Según el análisis los congresistas deben enmendar los errores cuando regrese de la CC.
El sector privado también fijó su postura respecto a la Ley Electoral aprobada por el Congreso, donde dejó claro la necesidad de aprobar una reforma profunda que contenga normas que aseguren la transparencia y el saneamiento del financiamiento político en el país.
“El sentido de hacer hoy una reforma política es atender al llamado de los guatemaltecos para poner fin a una estructura de clientelismo que priva en el sistema de partidos políticos en Guatemala”, dijo en esa ocasión el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jorge Briz.
En julio pasado, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó un informe denominado “El Financiamiento de la Política en Guatemala”. Allí se concluye que el financiamiento excesivo y poco regulado conduce a la vulneración de los principios de igualdad ciudadana y equidad en la competencia. Muestra además que los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados.
El informe resalta que los partidos con expectativa de éxito electoral son quienes exceden gastos de campaña sin explicar el origen de los fondos. La mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción, asegura la CICIG.
Semanas después de la presentación del informe, el Congreso aprobó las reformas a la ley donde varios analistas resaltan lo positivo de incluir la aprobación del voto en el extranjero; controles para fiscalizar el financiamiento privado de los partidos políticos; y delegar al TSE para que se encargue de una distribución igualitaria de recursos y tiempos y espacios en medios de comunicación. Sin embargo, aún queda pendiente de aprobarse por artículos y redacción final.
El despertar ciudadano
Los casos de corrupción destapados por el Ministerio Público y la CICIG que llevaron tras las rejas a varios funcionarios, incluidos Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, provocaron que miles de guatemaltecos salieran a las calles a rechazar el sistema político actual.
Varias pancartas donde exigían modificar la Ley Electoral se volvieron la tónica de cada sábado en la Plaza de la Constitución. A raíz de ello, se crearon cuatro mesas de discusión en el Congreso, una de ellas se dedicó a discutir el tema electoral. Aunque la iniciativa avanzó en su aprobación (queda pendiente por artículos y redacción final) el contenido no terminó de convencer.
Para el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Luis Mack, la Ley Electoral es una de las más importante y a su opinión, esta legislatura debe aprobarla. Sin embargo, el período legislativo va en cuenta regresiva ya que concluye el 30 de noviembre. Después de esa fecha se tendría que convocar a sesiones extraordinarias por lo que se requeriría de mucha voluntad política.
¿Qué no debe faltar en las reformas al sistema político?
Para las entidades hay puntos que no deben faltar en la propuesta cuando regrese de la CC. Entre ellos se encuentran:
- Voto nulo debe ser vinculante
- Limitar el transfuguismo
- Limitar la reelección
- Fortalecer el TSE
- Transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.
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