
El éxito de esta auditoría influirá en el desempeño de los funcionarios públicos y en consecuencia en mejores estándares de vida para los guatemaltecos; además de contribuir a generar la institucionalidad tan exigida de manera reiterada. Pero ambigua, tal vez por sus múltiples interpretaciones, por ello requiere definirse desde la práctica sin colisionar con los diferentes enfoques (histórico, sociológico y rational choice –decisión racional–).
La institucionalidad de cualquier dependencia pública o municipal, resulta de la justa interpretación de la normativa legal que rige su funcionamiento; la responsabilidad –no la voluntad política– de quien la dirige; las competencias de los empleados públicos; la elaboración de políticas, y programas apegados a su presupuesto; el control y supervisión permanente.
Los cambios que la ciudadanía reclama no pasan únicamente por los partidos políticos, comités cívicos, centros de estudios, comunidad internacional, medios de comunicación, en 30 o 40 mil personas reunidas sabatinamente, etcétera; menos aún, por los organismos estatales. Los ciudadanos deben organizarse y ejercer presión directa en los diputados. No pueden demandarse cambios y quedarse de observadores o sumarse a demandas coyunturales hechas a nombre del pueblo. Llegó el tiempo que todos conozcan a sus representantes en el Congreso.
El próximo presidente no tiene nada que ver con los cambios políticos, su tarea es gobernar después de reestructurar su programa de gobierno; el cual seguramente no responderá a lo que percibió desde afuera. Tampoco debería negociar con el Congreso o con diputados. Su relación con el organismo Legislativo debe ser institucional… comenzar a pensar en bipartidismo o trincas partidarias, es regresar al pasado. Sobre todo porque el próximo Congreso no genera una buena opinión.
Publicado el 05 de noviembre de 2015 en www.elperiodico.com.gt por Mario Mérida http://elperiodico.com.gt/2015/11/05/opinion/auditoria-social-y-cambio/
No Responses