Mandato anticorrupción

Muy pocos países con niveles de gran corrupción o hipercorrupción han sido exitosos en revertir o disminuir la percepción instalada en la sociedad sobre este fenómeno. Casi siempre las campañas anticorrupción se quedan en la promesa, pero pocas obtienen los resultados esperados. Guatemala desde 1998 que Transparencia Internacional mide a través de su índice de percepción el fenómeno, no ha mejorado su calificación durante 17 años, lo que equivale a decir que cinco gobiernos consecutivos han fracasado en combatir la corrupción y más bien han sido exitosos en su promoción y expansión en todo el territorio nacional.

El horizonte de cuatro años de gobierno resulta poco atractivo para las administraciones entrantes que prefieren concentrar sus esfuerzos en proyectos que garanticen retornos a corto plazo tanto financieros para sus cuadros como políticos, mientras que los esfuerzos institucionales y creación de mecanismos de control requieren de plazos de más largo horizonte, inversiones importantes y resultados que posiblemente den frutos en una próxima administración así como creación de entes realmente autónomos del poder ejecutivo, contrario a nuestra cultura política donde este poder busca permanentemente como cooptar todos los órganos de control para evitar que ejerzan ese control para el cual fueron creados.

La primera tarea estratégica para que una política anticorrupción tenga éxito está hecha y esa es la de freír a peces gordos que se han alimentado del erario público. Esa tarea cumplida por CICIG y el Ministerio Público, está en acción y ya cuenta en su haber con el procesamiento de un expresidente, exministros, diputados, alcaldes y otros funcionarios. Sin ella, la elección de Jimmy Morales y su oferta anticorrupción no hubieran sucedido y por eso la oferta que hoy hace el ya presidente electo, de un gobierno libre de corrupción no debe ni puede ser tomada a la ligera.

La segunda tarea estratégica es la de fortalecer la independencia y capacidades de los órganos de control del Estado. En la actualidad, los presupuestos de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nacional, la Procuraduría de Derechos Humanos, están supeditados a la decisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que los mantienen en un nivel de sobrevivencia que garantice su inoperancia operativa y funcional.

La tercera tarea estratégica consiste en diseñar una política de Estado anticorrupción operada por un ente especializado y autónomo que debe ser promovido por el Ejecutivo pero no dependiente de él. Entre las tareas más importantes de este ente deben estar la coordinación interinstitucional de los órganos de control, velar por el uso de los instrumentos legales disponibles para el combate a la corrupción y promoción de una gestión transparente de la administración pública, cumplir las recomendaciones emanadas de instrumentos y organismos internacionales en la materia.

Pese a que el sartén de la CICIG sigue en la hornilla listo para seguir friendo peces gordos, Guatemala debe empezar el camino para agenciarse de sus propias herramientas y controles que den vida a las instituciones llamadas a investigar y sancionar los actos de corrupción y que exitosamente tuvieron anestesiadas las redes de corrupción por muchos años. Como bien lo ha interpretado el mismo presidente electo, Jimmy Morales, el mandato anticorrupción es eso: una ordenanza que la sociedad espera que cumpla sin excusas ni pretextos.