No solo fueron los fondos sociales. Después vino la piñata del presupuesto público donde todos se repartieron: los alcaldes con mayor capacidad, hicieron de su asignación anual del situado constitucional una chequera personal a través de los fideicomisos y contratos de administración; los diputados recibieron de muy buena gana el PACUR y Manuel Baldizón encontró desde la Comisión de Finanzas del Congreso una mina inacabable de clientelismo a través de la asignación del listado geográfico de obras, ejecutadas a través de ONG; mientras los gobernadores departamentales pasaron a ser personajes influyentes por el manejo de bolsones apreciables de dinero de los Consejos de Desarrollo.
La administración política de esos recursos se facilitó con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2004 y 2006 que concentró decisiones fundamentales en el secretario general de la organización, por ejemplo, con apenas el diez por ciento de los afiliados proclama a los candidatos y su lugar en las planillas, y donde no hay organización legal lo hace con el Comité Ejecutivo Nacional, todos clientes suyos. Los dineros afincados en los municipios dieron paso a estructuras informales permanentes controladas por caudillos que se cambian de camiseta partidaria según la moda.
Es este modelo, aceitado además con dinero de la asignación central de contratos privados y del crimen organizado, lo que entró en crisis en 2015 y, con los limitados márgenes de maniobra que dio el sistema, comenzó a ser desmantelado por la ciudadanía en las urnas. Para recuperar la naturaleza democrática del Estado hay que reformar el sistema político y el régimen de contrataciones, profesionalizar el servicio público y ampliar las garantías de independencia de la justicia, pero sería insostenible sin refrescar el sentido de ciudadanía, esto es, edificar políticas sociales universales en vez de programas sociales clientelares.
La reconstitución moderna de un Estado social pasa necesariamente por la reforma del régimen económico: la transparencia de los negocios públicos es la competencia de las empresas en el mercado real, sin privilegios arancelarios y no arancelarios, fiscales ni laborales. Solo así se reconstituye el tejido social empresarial y las clases medias, sin las cuales ningún sistema político y económico es sostenible.
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