“Vidas robadas”

Con base en las cifras presentadas por el Ministerio de Salud, el Osar realiza periódicamente un informe, en el que destaca el número de niñas y adolescentes embarazadas en cada uno de los departamentos. En lugar de descender las cifras, van en aumento: mientras en el 2012 se reportaron 3,100 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, en 2013 fueron 4,220 y en 2014, 5 mil 100 casos. Entre el 1 de enero y el 22 de agosto de 2015 van 4 mil 431 embarazos forzados. La cifra más alta (485) se reporta en Alta Verapaz, le siguen Petén, Huehuetenango y Guatemala. Esto, sin contar los casos de violaciones en los que no hay embarazos.

Las niñas menores de 16 años tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta, y la mayoría de ellas presentan anemia, eclampsia (convulsiones a las que puede seguir estado de coma) durante el parto o hemorragia posparto, señala el Osar. Además de los cuadros de depresión, enojo y culpa que se dan muy a menudo.

En primer lugar, es necesario reiterar que las relaciones sexuales con personas menores de 14 años están tipificadas en el Código Penal como delito de violación sexual (art. 173) y que tienen un agravante cuando se da un embarazo (art. 174). Es decir que en todos los casos los responsables de la violación deben ser capturados y pagar por el delito que cometieron. No hay excusa alguna que justifique la violación y es inaceptable que la niña violada sea obligada a convivir con su agresor para que “la cuide y se haga responsable”. Los violadores, no importa si son padres, hermanos, maestros o perfectos desconocidos, deben ser castigados.

Las violaciones sexuales —porque no son otra cosa— no son parte de una cultura, tampoco son asuntos “privados” en los que nadie se puede meter y menos aún son “cosas naturales que siempre han sucedido”. Estas maternidades forzadas, como bien señala el Osar, son parte de los ciclos de violencia y hacen que la exclusión se perpetúe. Existen protocolos que deben atender quienes prestan servicios de salud que les obligan a presentar la denuncia ante el Ministerio Público cuando atiendan un caso de violación, y la fiscalía está obligada a investigar e iniciar la persecución penal contra el responsable. La impunidad, como ocurre con todos los delitos, es el mejor aliciente para que sigan ocurriendo.

Las violaciones sexuales y los embarazos forzados no son un problema que atañe únicamente a las mujeres y las niñas. Como sociedad hemos hecho muy poco para terminar con este monstruoso flagelo que nos describe muy bien. Viene siendo hora de colocar el tema en la lista de prioridades nacionales y actuar en consecuencia.