¡Financistas no deben ser contratistas!

En julio, la Cicig sacudió al país al publicar su Informe del financiamiento de la política en Guatemala, en el que con autoridad y respaldo sólido confirmó la gravedad del problema: los financistas de campañas electorales recuperan sus “inversiones” vía la corrupción en los contratos con el Estado, en el marco de mecanismos perversos operados por personas que gozan de impunidad y cuotas excesivas de poder.

Ayer martes 11 de agosto, la mesa que el Congreso convocó en junio para preparar reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, en la que participaron entidades y personas de la sociedad civil, empresarios, diputados y entidades de Gobierno, ha entregado su propuesta al presidente del Legislativo. Y dentro de la propuesta se incluyen, entre muchas otras, reformas al artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado (Dto. 57-92), las cuales, de ser aprobadas por el Pleno del Congreso, quedarían establecidas prohibiciones para que los financistas de campañas electorales, dignatarios, funcionarios o empleados públicos no puedan ser proveedores o contratistas del Estado.

Con las prohibiciones citadas, la propuesta entregada no es complicada y tiene una medida que responde directa y contundentemente al informe de la Cicig; es decir, tendría “dientes” para combatir la corrupción. Pero, por supuesto, no se trata de ser ingenuos: ante semejante medida, las diputadas y los diputados, pero sobre todo sus financistas, tienen una motivación fuerte para bloquear su aprobación. Es decir, es más que evidente que el Congreso y los partidos políticos, por sí
solos, no la van a aprobar.

Sin embargo, el acompañamiento y la presión ciudadana pueden funcionar. Como primera evidencia es precisamente que fue la participación activa de la sociedad civil la que logró que los tres diputados que condujeron la mesa técnica, Nineth Montenegro (EG), como presidenta; Álvaro González Ricci (Creo), como vicepresidente, y Álvaro Trujillo Baldizón (Líder), como secretario, aceptaran incluir la medida en la propuesta y ofrecieran suscribirla. En caso cumplan estas promesas, la propuesta tendría posiblemente ya tres votos valientes (diputados legislando potencialmente en contra de sus propios financistas de campaña)… Pero, ¿qué irán a decir los restantes 155 diputadas y diputados?

Esta es una oportunidad invaluable para que rompamos uno de los muchos y complejos círculos viciosos de la impunidad y la corrupción. De parar el tango entre corruptores (en este caso, malos proveedores y contratistas del Estado), y entidades públicas.

Si en algo valoramos el trabajo de la Cicig, pero aún más si valoramos el caso poco común que un grupo de diputados acepte una propuesta ciudadana y la suscriba, entonces el Pleno del Congreso debe sentir la presión para que la apruebe. Sin presión, nada de lo que ha hecho la Cicig o los pocos diputados que sienten el interés de representarnos se traducirá en resultados exitosos.